La de actuar con firmeza y estricto apego a la Ley en la ubicación, persecución y encarcelamiento de quienes estén relacionados con cualquier acto ilícito, es la que ayer refrendó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo,

Oscar Montes de Oca Rosales, al informar que, del 30 de noviembre al 6 de diciembre, 65 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, al dar a conocer el balance de dicho lapso, el antes citado indicó que 8 personas fueron aprehendidas por narcomenudeo, 6 por tentativa de homicidio, una por abuso sexual y feminicidio, 3 por violación, y una más por homicidio, siendo que, de éstas, 23 quedaron vinculadas a proceso y 20 permanecen en prisión preventiva, destacando el caso de tres mujeres que ya enfrentan un proceso penal por el delito de trata de personas en agravio de una menor de edad.
En este sentido, el Abogado del Estado precisó que en la última semana también se cumplimentaron 9 órdenes de aprehensión a cargo de la Policía Ministerial de Investigación y se lograron 11 sentencias condenatorias, de las cuales una fue por procedimiento ordinario con una condena de 31 años de cárcel por homicidio y las restantes por procedimiento abreviado, en las que se impusieron diversas penalidades a las personas que incurrieron en la comisión de diversos delitos.
Al respecto, y al referirse al caso de Isla Blanca, el funcionario señaló que en relación con las extorsiones a empresas constructoras, la FGE recibió tres denuncias y logró capturar a los probables participantes, sin embargo, se sabe que sigue presentándose este ilícito, por lo que la Guardia Nacional y la Policía Quintana Roo colocaron un filtro en la zona para inhibirlo, siendo que en cuanto a la investigación en una obra en construcción, la misma inició con la detención de dos sujetos que dijeron que privaron de la vida a dos personas, lo que derivó en el hallazgo de cuatro osamentas en el área selvática del predio en cuestión.
Con base en lo anterior, no queda más que resaltar lo afirmado por Montes de Oca Rosales en cuanto que la FGE seguirá cumpliendo con su encomienda constitucional de investigar cualquier hecho delictivo, a fin de que los probables participantes, invariablemente, sean llevados ante los tribunales.
¿No lo cree así, amable lector?