La de los derechos de las y los trabajadores quintanarroenses, es la que es y seguirá siendo una de las más altas prioridades de la Gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, y es así como ayer firmó un convenio de colaboración con el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual permitirá contar en la entidad con personal calificado en materia del Nuevo Sistema de Justicia Laboral.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, con la presencia del magistrado presidente de dicho órgano, Plácido Humberto Morales Vázquez, la titular del Ejecutivo destacó que en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, este convenio permitirá certificar a los asesores jurídicos y titulares de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que defiendan y representen a las y los trabajadores ante los nuevos tribunales laborales que hoy dependen del Poder Judicial del Estado.
En este sentido, la mandataria, al tiempo que explicó que con esta suma de esfuerzos, el Estado sigue brindando asesoría y representación legal a todo trabajador que haya sido despedido y no cuente con el recurso económico para pagar un abogado particular, destacó que con la firma del documento en cuestión, Quintana Roo se ubica como el único Estado del país en el que se defiende a los más vulnerables en la relación laboral, con base en una política pública de su Gobierno para propiciar justicia social.
Al respecto, Lezama Espinosa, luego de expresar que al concluir con las jornadas de capacitación, en aproximadamente seis meses, anunciará la incorporación del compromiso de resolver hasta el 75% de los conflictos laborales por la vía de la conciliación al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, destacó que en el último año se han atendido a más de 17 mil personas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Con base en lo anterior, no queda más que resaltar lo afirmado por la Gobernadora en cuanto a su inquebrantable empeño de hacer de Quintana Roo un mejor lugar para vivir, ya no solo combatiendo a la corrupción, sino previniendo la violencia, impulsando inversiones que generen empleos dignos y, no menos importante aún, propiciando que la justicia laboral se imparta de forma pronta y expedita.
¿No lo cree así, amable lector?