Lo mismo que enteramente fundamentada, fue la decisión de las y los integrantes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado,

al aprobar reformas a la Constitución local y a la Ley del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, a fin de garantizar que el presupuesto que se autorice a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción no sea menor al autorizado en el año inmediato anterior, como sucede con los Poderes y los órganos autónomos.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, durante la sesión ordinaria número 10, las y los legisladores aprobaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, además de una minuta de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
En este sentido, el dictamen en cuestión, el cual fue elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, señala que con dichas reformas se  fortalecerá la capacidad en el combate a la corrupción del sistema estatal, evitando que los recursos asignados a este organismo se reduzcan.
Al respecto, cabe señalar que, además, se incluyó el requisito previsto en la Constitución con respecto a la obligación de contar con los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos y las personas que integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, esto sin contar con que, de igual forma, se instituyó la obligación de la persona titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de rendir un informe anual de labores y resultados, ante el pleno del Congreso.
Con base en lo anterior, y dado que la minuta fue turnada a los 11 Ayuntamientos de la entidad para continuar con el proceso legislativo correspondiente, no queda más que esperar que la misma sea avalada y, con ello, se abone a mantener a Quintana Roo como un Estado en donde la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas son una realidad enteramente tangible.
¿No lo cree así, amable lector?