Así es el paso que dieron ayer las y los integrantes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, al aprobar

una serie de reformas de Ley que permitirán homologar los protocolos policiales de actuación del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), así como la implementación de programas de capacitación y sensibilización con perspectiva de género y derechos humanos para sus elementos.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, en la sesión ordinaria número 19 del máximo órgano de representación popular de la entidad, se aprobó el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y de la Ley Orgánica de los Municipios, en las que se establece como una obligación de los cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito de los 11 Ayuntamientos, el contar con grupos especializados para la atención de la violencia familiar y de género.
En este sentido, no se puede perder de vista que, de acuerdo con el dictamen en cuestión, en dichas reformas y adiciones también se estableció que los municipios deben contar con un área operativa administrativa especializada para la atención a la violencia contra la mujer y la familia a cargo de una persona titular que cuente con el perfil idóneo y acorde a la materia, a fin de que pueda desempeñarse con profesionalismo, ética y un irrestricto respeto a los derechos humanos.
Al respecto, tampoco se puede soslayar que estas modificaciones a la normatividad vigente indican que los titulares de estas áreas operativas administrativas deberán contar, invariablemente, con el nivel jerárquico necesario proporcional a la estructura de la dependencia municipal, a fin de que se le permita cumplir con sus funciones, sin estar supeditado a la determinación de las demás áreas de dirección dentro de los Ayuntamientos.
Con base en lo anterior, justo es reconocer la acertada decisión de las y los legisladores, de dotar, en este caso específico, a las autoridades municipales, de los elementos necesarios para identificar, atender y sancionar los casos de violencia familiar y de género, salvaguardando a quienes, ante todo, tienen el derecho a una vida digna y libre de cualquier circunstancia que atente contra su integridad.
¿No lo cree así, amable lector?