Misterio sobre pertenencias aseguradas a Lima
Fernando OLVERA DEL CASTILLO
Si bien con el escándalo que se desató en noviembre pasado en la empresa First National Security en Cancún, el nombre del todavía magistrado Carlos Lima se mencionó con especial insistencia al ser el supuesto propietario de al menos dos de las mil 540 cajas que fueron aseguradas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), al día de hoy se desconoce cuál era el contenido de las mismas y, más importante aún, si estas le fueron devueltas.
Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que a unas cuantas horas de que se dieran a conocer estos hechos, el pasado 8 de noviembre para ser exactos, quien hoy enfrenta un recurso de queja interpuesto por los apoderados legales de la empresa Maioris Cancún, S. de R. L. de C.V. ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, por su presunta actuación irregular en la toca penal 83/2017 relativa al intento de despojo de que fue objeto un ciudadano español, propietario de un lujoso departamento en el exclusivo complejo Maioris Tower de Puerto Cancún, a manos de Israel Gutiérrez Ramírez y Jose Luis Enciso Bernal o José Luis Medina Bernal, mediante el uso de documentos falsos, no dudó en tramitar dos amparos indirectos ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Cancún, específicamente en la Mesa III, con el número de expediente 1895/2017, contra actos del titular de la SEIDO, Alonso Israel Lira Salas, los cuales consideró como “fuera de juicio”.
En este sentido, se sabe que cinco días después, dichos amparos fueron admitidos, sin embargo, como se dio a conocer con oportunidad, esto no eximió a Lima de tener que demostrar la procedencia lícita de sus pertenencias, entre estas, según se dice y se rumora, la cantidad de siete millones de pesos en efectivo, algo que también, al día de hoy, se desconoce a ciencia cierta.
Aquí no se puede perder de vista que fue precisamente en esas fechas, cuando el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) solicitó al Poder Legislativo “emita la sanción consistente en dejar sin efectos el nombramiento de magistrado o, en su caso, absolver al justiciable”, toda vez que no presentó su declaración patrimonial inicial en tiempo y forma y tampoco justificó dicho incumplimiento, siendo que, como es del dominio público, el procedimiento en cuestión continúa en manos de la comisión integrada por los diputados Juan Carlos Pereyra Escudero, Emiliano Ramos Hernández y Jesús Zetina Tejero.
Finalmente, no se puede soslayar que si bien la propia SEIDO reveló que en buena parte de las cajas se aseguraron millones de pesos en efectivo, dólares, tarjetas para clonación, listados de propiedades del crimen organizado, armas y demás, lo cierto es que, hasta el día de hoy, el contenido de las que supuestamente pertenecen a Lima, insistimos, continúa siendo un misterio.