Notario fraudulento habría duplicado documentos
Fernando OLVERA DEL CASTILLO
Pese al proceso penal que podría enfrentar luego de que supuestamente realizó actuaciones y contratos fuera de su jurisdicción, ahora todo parece indicar que el titular de la Notaría Pública Número 78 del Estado de Quintana Roo, Jorge
G. Parra Moguel, habría incurrido en otro ilícito al duplicar los documentos que, en su momento, y tras dar cumplimiento a una orden de cateo, derivada de la carpeta de investigación FG/QR/AMPTUL/UITUL/07/577/2018, fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en un despacho jurídico presuntamente de su propiedad, ubicado en el municipio de Tulum.
Datos recabados por el que esto escribe, confirmaron que en días pasados personal de la Dirección General de Notarías acudió a la oficina del antes citado, con domicilio legal en la avenida 40 Norte, manzana 420, lote 12, entre 80 y 82 Norte, de la colonia Luis Donaldo Colosio, en la cabecera municipal de Solidaridad, a fin de realizar una revisión, siendo que en la misma se pudo corroborar que, al margen de la Ley, dichos documentos, entre los que se incluyen un contrato de “constitución de sociedad”, con siete hojas de color verde en su interior; un contrato de “certificación de firmas”, con cuatro solicitudes; una solicitud de “cotejo de documentos”, y una hoja de requisitos, habían sido reimpresos con fines que se desconocen.
Aquí no se puede perder de vista que, como dimos a conocer a través de nuestras páginas, fue en el transcurso del año pasado cuando un ciudadano que se vio afectado en su patrimonio por un fedatario de Tulum, acudió a la Dirección General de Notarías para presentar una queja que, al ser desahogada, aportó datos sobre un despacho jurídico denominado “Abogados Doctorantes en Derecho, Felipe Ramírez González y Germán Felipe Ramírez Villegas”, ubicado en la calle Neptuno Oriente número 56 esquina con calle Orión Sur, el cual, supuestamente, operaba al margen de lo dispuesto por la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo.
Ante esta situación, la entonces directora de la citada instancia gubernamental, Anaid del Carmen Aranda Lara, como lo marcan las normas establecidas, procedió a interponer una denuncia ante la FGE por el delito de usurpación de profesiones contra quien o quienes resulten responsables.
Como es de suponerse, la autoridad ministerial inició las indagatorias correspondientes y fue así como los fiscales del Ministerio Público lograron que los Juzgados de Control y el Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, emitieran una orden de cateo al despacho jurídico en cuestión, a fin de buscar, localizar y asegurar instrumentos de delito como podrían ser protocolos de alguna notaria, firmas, sellos de notario o recibos de pagos notariales, entre otros.
Al respecto, y una vez concluida la diligencia, trascendió que los agentes investigadores efectivamente encontraron documentos de la Notaría Número 78, los cuales fueron asegurados, con base en lo dispuesto por la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, en su Artículo 9, el cual señala a la letra lo siguiente: “Los Notarios Públicos, para el ejercicio de su función, únicamente podrán establecer una oficina, denominada Notaría Pública, dentro de la adscripción territorial establecida en la patente o nombramiento respectivo, sin que puedan hacerlo al interior de un despacho de abogados u otros profesionales, empresas u oficinas públicas y privadas”.
Finalmente, cabe señalar que, según se pudo averiguar, la FGE ya tomó conocimiento de esta irregularidad y de las evidencias en cuestión, a fin de integrarlas a la carpeta de investigación FG/QR/AMPTUL/UITUL/07/577/2018, la cual sigue su curso.