En maratónica audiencia de más de 10 horas, el juez de Control también decretó la prisión preventiva justificada
y dejó firme el embargo de los bienes del imputado
Fernando OLVERA DEL CASTILLO
Un juez de Control decretó anoche la vinculación a proceso del ex secretario de Gobierno, Gabriel “N”, por el delito de desempeño irregular de la función pública contenido en la carpeta administrativa 151/2017.
En una audiencia de más de 10 horas y luego de un intenso debate entre los fiscales del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la defensa del imputado, el juez también decretó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y el embargo de bienes, fijando dos meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria.
Como se recordará, fue el pasado día 20 cuando agentes de la Policía Ministerial del Estado detuvieron al también ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en un restaurante ubicado en los alrededores de la caleta de Puerto Aventuras, siendo que sus abogados defensores, durante la audiencia de imputación, solicitaron la ampliación del término constitucional para conocer el contenido de los 48 tomos con más de 20 mil fojas del expediente que obra en contra de su cliente.
En este sentido, fue ayer a eso del mediodía cuando se reanudó la audiencia en cuestión, la cual tuvo dos recesos a lo largo de su duración, concluyendo pasadas las 22:00 horas.
Cabe destacar que el pasado día 22, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró como medida cautelar provisional la prisión preventiva justificada en contra del ex funcionario estatal, así como el embargo de 18 inmuebles ubicados en Playa del Carmen, uno más en Mahahual y 21 vehículos automotores.
Finalmente, vale la pena señalar que en un comunicado de prensa que emitió minutos después de concluida esta audiencia, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso con la sociedad para recuperar el patrimonio de los quintanarroenses, en el marco de la legalidad y la transparencia en el combate a la corrupción.