Amplían investigación por su doble identidad

Fernando OLVERA DEL CASTILLO

Con el afán de despojar al ciudadano español, Jesús Felipe Boyero Aragón, de un lujoso departamento en el exclusivo complejo Maioris Tower de Puerto Cancún, José Luis Enciso Bernal o José Luis Medina Bernal, bajo la presunta complicidad del

todavía magistrado de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJ), Carlos Lima, y la fiscal del Ministerio Público, Nathaly Robertos Pérez, habría utilizado dos actas de nacimiento (en las que se certifica que nació el mismo día, hijo de la misma madre, pero de distinto padre) que le sirvieron para obtener igual número de Claves Unicas del Registro de Población (CURP), al igual que otro tanto de Registros Federales de Contribuyente (RFC), un pasaporte y una credencial para votar con fotografía.
Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que tanto la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), como su similar del Sistema de Administración Tributaria (SAT), ampliaron sus investigaciones para esclarecer la doble identidad del antes citado, así como la legalidad del supuesto contrato que Boyero Aragón, a través de su representante, José Luis Tuliesa, firmó con un tal Reiner Romero Pavón, para arrendar por 10 años con derecho a subarrendo el citado inmueble, con un pago de 900 mil pesos por adelantado, siendo que, como dimos a conocer con oportunidad, la firma que aparece en el documento y la de la identificación oficial de éste último, son notoriamente distintas.
En este sentido, se sabe que una vez signado dicho documento, Romero Pavón supuestamente celebra un contrato de subarrendamiento por seis años con Israel Gutiérrez Ramírez, empleado de José Luis Enciso Bernal o José Luis Medina Bernal, y es así como estos refieren que tienen en posesión el lujoso departamento de Boyero Aragón y que lo rentaron legalmente, aunque eso sí, nunca dijeron que se agenciaron todos los objetos de valor que ahí se encontraban, entre estos, sofisticados equipos de computación y comunicación digital, así como relojes de las marcas Cartier y Rolex de última generación.
Al respecto, según se dice y se rumora, tanto Gutiérrez Ramírez como Enciso Bernal o Medina Bernal, con el supuesto conocimiento de Lima y de la fiscal del Ministerio Público, Robertos Pérez, no conformes con pretender apoderarse del inmueble en cuestión, el cual tiene un valor superior a los 300 mil dólares, obtuvieron un crédito de BBVA Bancomer por la cantidad de 10 millones de pesos para adquirir, junto con otro de sus supuestos cómplices, de nombre Leopoldo Giovanni González Larriva, otro departamento de Maioris Tower.
Aquí vale la pena señalar que, según se pudo averiguar, una vez que estos hechos se pusieron al descubierto, los apoderados legales de la empresa Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., Francisco Siman Carpio y Antonio Garza Flores, interpusieron la denuncia penal correspondiente y fueron contrademandados por Enciso Bernal o Medina Bernal, iniciando un proceso que derivó en que un juez de Control negó la vinculación para ambos y, como era de esperarse, la representación social impugnó tal determinación.
No obstante lo anterior, lo verdaderamente interesante del asunto es que los autos en cuestión recayeron precisamente en la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJ), a cargo de Lima, quien revocó la determinación del juez y vinculó a proceso a los apoderados de Maioris, pese a tener conocimiento del caso y la obligación de excusarse para resolver sobre el mismo, ya que durante su desempeño como director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) en la pasada administración, se presume que permitió la anotación de las escrituras falsas de los departamentos que fueron objeto de fraude inmobiliario, siendo señalado en un reportaje periodístico que se difundió a nivel internacional como supuesto integrante de la red de corrupción que se tejió para consumar dicho ilícito.
Ahora bien, no obstante que de acuerdo con los abogados agraviados lo anterior fue una acción que no tenía más fin que el de doblegar la defensa de los legítimos propietarios de los inmuebles, entre estos, el propio Jesús Felipe Boyero Aragón, se presume que la fiscal del Ministerio Público, Robertos Pérez, escondió dolosamente la carpeta de investigación y los datos de prueba, hechos que le valieron ser denunciada ante el Organo de Control Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE), siendo que, pese a esto, continúa en la atención del asunto.
De igual manera, Siman Carpio y Garza Flores señalaron que la antes mencionada no sólo se ha negado a realizar el aseguramiento de los contratos falsos del caso, sino que tampoco les ha permitido el acceso a la carpeta de investigación, pese a ser un derecho constitucional establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Finalmente, se espera que en los próximos días, tanto la PGR como el SAT, basados en las evidencias que obran en su poder, pongan fin a este polémico asunto con estricto apego a derecho.