Junto con SAT investiga su doble identidad

Fernando OLVERA DEL CASTILLO

La delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) y su similar del Sistema de Administración Tributaria (SAT) abrieron sendas investigaciones para esclarecer la doble identidad de José Luis Enciso Bernal

o José Luis Medina Bernal, quien bajo la presunta complicidad del todavía magistrado de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJ), Carlos Lima, y la fiscal del Ministerio Público, Nathaly Robertos Pérez, pretende despojar al ciudadano español, Jesús Felipe Boyero Aragón, de un lujoso departamento del exclusivo complejo Maioris Tower de Puerto Cancún, mediante el uso de documentos falsos.
Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que ambas instancias federales ya tomaron conocimiento del supuesto contrato que Boyero Aragón, a través de su representante, José Luis Tuliesa, firmó con Reiner Romero Pavón para arrendar por 10 años el citado inmueble, siendo que la firma que aparece en el documento y la de la identificación oficial de éste último son notoriamente distintas.
En este sentido, se sabe que una vez signado dicho documento, Romero Pavón supuestamente celebró un contrato de subarrendamiento por seis años con Israel Gutiérrez Ramírez, empleado de José Luis Enciso Bernal o José Luis Medina Bernal, y es así como estos refieren que tienen en posesión el departamento de Boyero Aragón y que lo rentaron legalmente, amén de que hicieron “perdidizos” todos los objetos de valor que ahí estaban, entre estos sofisticados equipos de computación y comunicación digital, así como relojes de las marcas Cartier y Rolex de última generación.
Al respecto, según se pudo averiguar, tanto Gutiérrez Ramírez como Enciso Bernal o Medina Bernal, con el supuesto conocimiento de Lima y de Robertos Pérez, no conformes con pretender apoderarse del inmueble en cuestión, con un valor superior a los 300 mil dólares, bajo condiciones no del todo claras, obtuvieron un crédito de la institución bancaria BBVA Bancomer por la cantidad de 10 millones de pesos para adquirir, junto con otro de sus supuestos cómplices, de nombre Leopoldo Giovanni González Larriva, otro departamento de Maioris Tower.
Aquí no se puede perder de vista que pese a la evidente falsificación de documentos y el uso de dobles identidades que enmarca estas operaciones, se presume que el propio Lima negó la vinculación de ambos asuntos, ya que a su juicio no tenían relación, lo que indica que al parecer ni siquiera revisó lo relativo a la audiencia de imputación que se celebró con motivo de la denuncia de los apoderados de la empresa Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., dejando en entredicho la imparcialidad con la que debe actuar, aunque según se dice y se rumora, esto se habría debido a la estrecha amistad que sostiene con los abogados del despacho de Juvenal Reyes Marrufo y a su supuesto interés en proteger el fraude inmobiliario cometido.
En este punto, tampoco se puede soslayar que tanto Gutiérrez Ramírez como Enciso Bernal o Medina Bernal, de acuerdo con lo que se comenta, también estuvieron involucrados, presuntamente a instancias del todavía magistrado de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del TSJ, mismo que en ese entonces se desempeñaba como director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC), en la falsificación de documentos y los juicios laborales simulados que permitieron el despojo de 19 departamentos en el complejo Maioris Tower de Puerto Cancún.
Con base en lo anterior, se espera que tanto la PGR como el SAT, basados en las evidencias que obran en su poder, puedan poner fin a este polémico asunto con estricto apego a derecho y al margen de la actitud que ha mostrado tanto el magistrado Lima como la fiscal del Ministerio Público, Nathaly Robertos Pérez, al hacerse a los desentendidos ante hechos que no sólo afectan a los particulares que están siendo víctimas de despojo, sino a la propia inversión en el Estado, cuyos promotores, lamentablemente, y con lo que se ha podido observar, en cualquier momento pueden ser presas de sujetos sin escrúpulos que falsifiquen documentos y utilicen dobles identidades para apoderarse de sus inmuebles, aprovechando la supuesta buena fe del órgano encargado de perseguir y sancionar los delitos, como lo es la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.