Delito de lavado de dinero de Borge: PGR
Fernando OLVERA DEL CASTILLO
La Procuraduría General de la República (PGR) consideró que si el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto “N”, no es sancionado penalmente por el delito de lavado de dinero, se enviará un mensaje de impunidad a todos esos políticos corruptos de los que ya está harta la sociedad mexicana.
Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que los fiscales federales que tienen a su cargo el caso contra el ex mandatario expusieron este escenario al juez de Control Artemio Zúñiga, quien vinculó a proceso al imputado y le dictó prisión preventiva justificada por al menos seis meses debido al riesgo de fuga.
En este sentido, indicaron que la posibilidad de sustracción de la justicia es mayor si se toma en cuenta que Roberto “N” enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en el fuero común, siendo que en una de las mismas se estableció una reparación de daño por 2 mil 510 millones de pesos.
Señalaron que el ex titular del Ejecutivo podría alcanzar una pena de hasta 22 años de prisión de resultar condenado por su coautoría en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este ilícito, según las investigaciones que realizan con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ocasionó un quebranto al erario quintanarroense del orden de los 900 millones 099 mil 418 pesos a través de la venta ilegal de terrenos a familiares y amigos.
Cabe destacar que en la audiencia que inició la tarde del jueves en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y que se extendió hasta la mañana del pasado viernes, el Ministerio Público de la Federación aseguró que la prisión preventiva contra el ex mandatario era “necesaria e indispensable”.
“Negarla enviará un mensaje de impunidad a la clase gobernante de la que la sociedad mexicana, sin lugar a dudas, ya está harta”, afirmó uno de los fiscales en la sesión que se prolongó 14 horas, no sin antes subrayar que el imputado debe ser sancionado conforme a lo que establece la Ley.
Al respecto, algunos servidores públicos de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) que fueron consultados sobre el particular puntualizaron que esta posición de que Roberto “N” responda ante la justicia por sus actos ilícitos no sólo implica la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada que ya otorgó el juez de Control, sino una sentencia condenatoria.
Aunque dijeron que el proceso será largo, confiaron en que se presentarán pruebas fehacientes para demostrar el delito que cometió el ex Gobernador de Quintana Roo, quien en ningún momento quiso enfrentar a la justicia, sino que, por el contrario, prefirió huir, lo que ocasionó una serie de erogaciones económicas y el desplazamiento de personal federal para detenerlo el 4 de junio de 2016 en Panamá, antes de que abordara un vuelo a París.
“De ser condenado debe enfrenar una pena de 7.5 a 22 años de cárcel, pues aunque el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las modalidades de ocultar o pretender ocultar bienes dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita contempla sanciones de 5 a 15 años de prisión, la conducta se agrava cuando es cometida por un servidor público”, concluyeron.