Síndica municipal interpuso ayer paquete de 10 ante la Fiscalía General del Estado
Alex DORADO
La síndica municipal de Othón P. Blanco, Marcela Rojas López, el día de ayer estuvo en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde presentó 10 denuncias en contra de ex funcionarios de la pasada administración municipal por los delitos de peculado y retención de pagos a trabajadores que alcanzan un daño patrimonial por 49 millones 402 mil 722.62 pesos y se señala a las áreas de Tesorería y Egresos como las probables responsables directas del quebranto.
Estas 10 nuevas denuncias se vienen a sumar a las 12 ya existentes y que desde febrero se empezaron a interponer para hacer un total de 22 carpetas administrativas contra los ex funcionarios del trienio pasado.
Las denuncias quedaron asentadas en las carpetas de investigación de la siguiente manera: 1.- FGE/QR/OPB/09/5236/2017; 2.- FGE/QR/OPB/09/5238/2017; 3.- FGE/QR/OPB/09/5240/2017; 4.- FGE/QR/OPB/09/5241/2017; 5.- FGE/QR/OPB/09/5243/2017; 6.- FGE/QR/OPB/09/5245/2017; 7.- FGE/QR/OPB/09/5246/2017; 8.- FGE/QR/OPB/09/5247/2017; 9.- FGE/QR/OPB/09/5248/2017; y la 10.- FGE/QR/OPB/09/5249/2017.
Rojas López implicó en estas 10 nuevas carpetas de investigación a los ex funcionarios de las áreas de Tesorería y Egresos de la pasada administración y con lo cual concluye prácticamente un año de trabajo, pues hay que recordar que fue el 30 de septiembre cuando asumieron la responsabilidad de del Ayuntamiento y dese el primer día se abocaron a revisar los documentos de la entrega recepción con lo cual hallaron inconsistencias que no fueron solventadas y han derivado en denuncias ante la FGE.
“Hasta aquí concluye un año de trabajo de parte de la actual administración del Ayuntamiento de Othón P. Blanco y ahora le corresponde a la FGE hacer la investigación correspondiente”, dijo al tiempo de reconocer que ya está por vencer el plazo legal para interponer las denuncias.
Adelantó que las acciones de investigación continúan, ya que aún existen expedientes administrativos turnados al área jurídica, quien determinará la sanción correspondiente, que incluye la inhabilitación.