Sale a relucir turbio historial de Lima
Fernando OLVERA DEL CASTILLO
Si bien el nombre del todavía magistrado de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJ), Carlos Lima, ha vuelto a sonar a últimas fechas con el caso de José Luis Enciso Bernal o José Luis Medina Bernal, quien mediante el uso de documentos falsos hoy pretende despojar al ciudadano español,
Jesús Felipe Boyero Aragón, de un lujoso departamento del exclusivo complejo Maioris Tower de Puerto Cancún, lo cierto es que no es la primera vez que se le relaciona con ilícitos de esta magnitud, y es así como durante la pasada administración, cuando fungía como director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC), fue objeto de dos denuncias penales que, hasta donde se sabe, nunca prosperaron.
Según se dice y se rumora, el presunto cierre arbitrario de folios catastrales en el área inmobiliaria fue sólo una de las faltas que habría cometido el antes citado; sin embargo, de acuerdo con los especialistas, es la que más agravio representó para los ciudadanos, ya que esta implica rechazar a los particulares las escrituras que, a través de los notarios públicos, solicitan inscribir, impidiéndoles cumplir con los trámites que el Código Civil y el Reglamento del RPPyC establecen para la correcta realización de los actos jurídicos sobre bienes inmuebles como terrenos, casas y edificios.
En este sentido, se presume que Lima bloqueó a su arbitrio la realización de asientos en diversos expedientes de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal, contraviniendo abiertamente las normas que rigen el funcionamiento del RPPyC, así como el Sistema de Folio Registral del Estado mediante el cual estaba obligado a prestar este servicio, causando serios daños y perjuicios a los interesados en los actos jurídicos en los que supuestamente interfirió de manera totalmente ilegal al negarse a recibir, analizar, calificar y, en su caso, registrar esos documentos para que todo el público los conozca.
Al respecto, fue esta presunta conducta ilícita la que el notario público número 57, Roger Octavio Menéndez Hernández, puso en evidencia con la denuncia penal que presentó contra Lima ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Común con sede en Kantunilkín, municipio de Lázaro Cárdenas.
La querella quedó registrada con el número de averiguación previa 123/2015, por actos constitutivos de delitos de abuso de autoridad contra el buen despacho de la administración, así como negligencia en el desempeño de una función o cargo, y los que resulten.
Menéndez Hernández acusó a Lima de bloquear o cerrar avisos notariales que pusieron en estado de indefensión a los propietarios de varios bienes inmuebles.
Como si no bastara con lo anterior, el fedatario afirmó que la actitud del entonces titular del RPPyC “obedece a intereses particulares y se sospecha que tiene y realiza negocios oscuros en Holbox, utilizando a la institución de manera totalmente ilegal para su beneficio personal”.
Como indicamos líneas arriba, Lima no fue sancionado, pero es un hecho que Menéndez Hernández fue víctima de persecución y amenazas por parte del Gobierno anterior, y es así como en una ocasión fue citado a declarar por la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con toda celeridad, sobre una averiguación previa prescrita que no tenía más propósito que darle un escarmiento, según sus propias palabras.
En este punto, no se puede perder de vista que las presuntas manipulaciones de expedientes del RPPyC también incluyeron la simulación de trámites y solicitudes en las que se violaron abiertamente los procedimientos de Ley con el fin de beneficiar a algún particular.
Ahora bien, la otra denuncia contra Lima la formuló en mayo de 2015 el estadounidense Kenneth Dale Wilson, radicado en Mahahual, quien en el expediente AP/SZ/SD/1422 lo acusó por la presunta comisión del delito de cohecho o lo que resulte, ya que supuestamente realizó la irregular cancelación de un embargo ordenado por un laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, acto con el cual se habría vendido “protección” a un hotel denominado “Maya Palms”.
En este tenor, el denunciante señaló que el entonces director del RPPyC torció la Ley al avalar un fraude procesal para impedir que se ejecutara el embargo contra dicho centro de hospedaje, el cual fue condenado a pagar una indemnización laboral de nada más y nada menos que 45 millones de pesos.