Apoderados de Maioris sostienen que escondió carpeta de investigación y evidencia

Fernando OLVERA DEL CASTILLO

Los apoderados legales de la empresa Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V., interpusieron ante el Organo Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE) un recurso de queja en contra de la fiscal del Ministerio Público, Nathaly Robertos Pérez, a quien señalan de obstaculizar la acción de la justicia en el caso del intento de despojo que el ciudadano español Jesús Felipe Boyero Aragón, propietario de un departamento de lujo con valor superior a los 300 mil dólares, es objeto a manos de Israel Gutiérrez Ramírez y José Luis Enciso Bernal o José Luis Medina Bernal, mediante el uso de documentos falsos y bajo la presunta complicidad del magistrado Carlos Lima.

Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que el punto medular de este recurso radica en que, a decir de los promoventes, Francisco Siman Carpio y Antonio Garza Flores, la funcionaria actuó con evidente parcialidad en la integración de la carpeta de investigación relativa a la denuncia penal que tanto Enciso Bernal o Medina Bernal, como Gutiérrez Ramírez y Reiner Romero Pavón, con el supuesto conocimiento de Lima, interpusieron en su contra con el afán de quebrantar la defensa de Boyero Aragón y su patrimonio, lo cual, a final de cuentas, no consiguieron.
En este sentido, los agraviados sostienen que Robertos Pérez, al margen de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, ocultó por mas de 4 horas la carpeta de investigación y adicionalmente escondió con dolo una prueba presuntamente obtenida por la Policía Ministerial del Estado en agosto de 2017, para exhibirla hasta noviembre del mismo año, es decir, no se hizo del conocimiento de las autoridades competentes sino hasta dos meses después.
Al respecto, se sabe que la antes mencionada también fue denunciada por uno de los abogados de Maioris Cancún, S. de R. L. de C. V., de nombre David Lozano, por negarse a asegurar los contratos que supuestamente firmó Boyero Aragón, a través de su representante, José Luis Tuliesa, con Romero Pavón, para arrendar por 10 años el citado inmueble, siendo que la firma que aparece en el documento y la de la identificación oficial de éste último, son notoriamente distintas.
Aquí no se puede perder de vista que una vez signado dicho documento, Romero Pavón supuestamente celebra un contrato de subarrendamiento por 6 años con Israel Gutiérrez Ramírez, empleado de Enciso Bernal o Medina Bernal, y es así como éstos refieren que tienen en posesión el departamento de Boyero Aragón y que lo rentaron legalmente, amén de que hicieron “perdedizos” todos los objetos de valor que ahí se encontraban, entre estos, sofisticados equipos de computación y comunicación digital, así como relojes de las marcas Cartier y Rolex de última generación.
De igual forma, según se pudo averiguar, tanto Gutiérrez Ramírez como Enciso Bernal o Medina Bernal, con el supuesto conocimiento de Lima y de la fiscal del Ministerio Público, Robertos Pérez, no conformes con pretender apoderarse del departamento ubicado en el exclusivo complejo Maioris Tower de Puerto Cancún, bajo condiciones no del todo claras, obtuvieron un crédito de BBVA Bancomer por la cantidad de 10 millones de pesos para adquirir, junto con otro de sus supuestos cómplices, de nombre Leopoldo Giovanni González Larriva, otro inmueble similar.