Fuerzas del orden lo custodiarán las 24 horas en la clínica privada a donde fue ingresado, hasta que el médico que lo atiende lo dé de alta

Martha TORRERO ORTEGA

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, confirmó que fiscales del Ministerio Público lograron que el juez de Control no modifique ni cancele las medidas cautelares ordenadas con anterioridad en contra el ex secretario de Gobierno, Gabriel “N”, por el delito de desempeño irregular de la función pública.

En un comunicado de prensa, la dependencia indicó que ayer a las 15:00 horas dio inicio una audiencia de revisión de dichas medidas cautelares, a solicitud de la defensa del imputado, quien está internado en la Clínica Independencia de la capital del Estado por un diagnóstico de “Probable angor pectoris y a descartar infarto agudo del miocardio; crisis hipertensiva y enfermedad diarreica aguda”, con fundamento en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Como se recordará, durante las primeras horas de ayer, el ex funcionario, quien a últimas fechas ha presentado diversos padecimientos crónicos que han deteriorado su salud, fue internado de urgencia en el citado nosocomio, con estricto apego a las garantías individuales que la Ley le otorga.
En este sentido, y luego de un intenso debate entre los fiscales del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y sus abogados defensores, el juez de Control determinó lo siguiente: “El imputado deberá volver a la prisión preventiva oficiosa una vez que su salud sea atendida y el médico tratante lo dé de alta del nosocomio donde está internado para la atención de su salud, asimismo, éste deberá estar custodiado las 24 horas del día mientras no sea dado de alta y esté en posibilidad de ingresar nuevamente al centro de retención donde estaba. También, el embargo de las propiedades del imputado como garantía y el tiempo otorgado para el término de las investigaciones siguen sin cambios”.
Finalmente, y tras conocerse esta resolución, la FGE refrendó su compromiso con la procuración de justicia en pleno respeto de los lineamientos del Sistema de Justicia Penal y los derechos humanos.