A acusaciones contra Lima: Martínez Arcila

Martha TORRERO ORTEGA

“Las instituciones no se definen por el actuar de una persona”, sentenció el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, al puntualizar que el Poder Judicial está intacto y es ajeno a los señalamientos que se

están vertiendo en contra del magistrado de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Lima.
Entrevistado respecto al recurso de queja que presentaron los apoderados legales de la empresa Maioris Cancún, S. de R.L. de C.V. ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo por la presunta actuación irregular del antes citado en la toca penal 83/2017, relativa al intento de despojo de que fue objeto un ciudadano español, propietario de un lujoso departamento en el exclusivo complejo Maioris Tower de Puerto Cancún, a manos de Israel Gutiérrez Ramírez y José Luis Enciso Bernal o José Luis Medina Bernal, mediante el uso de documentos falsos, el líder cameral señaló la necesidad de ser muy claros en este caso y no generalizar, “ya que sería tanto como pensar que todos los magistrados y magistradas tienen ese proceder”.
En este sentido, el legislador recordó que el Congreso del Estado mantiene abierto un expediente en contra de Lima, el cual no ha podido ser concluido debido a que un juez federal le otorgó una suspensión sobre el mismo.
“Es un expediente en donde el Tribunal Superior de Justicia del Estado acredita que el magistrado Carlos Lima no cumplió con la Ley, y eso es lo que actualmente tenemos en el Congreso”, explicó.
Martínez Arcila indicó que se está a la espera de que concluya el juicio de amparo correspondiente para que una vez que resuelva el juez federal, el Congreso pueda seguir con el procedimiento en cuestión.
Sobre las acusaciones sobre presuntos actos de corrupción que pesan en contra de dicho magistrado, el entrevistado dijo que de llegar a renunciar, esto sería porque no tiene el perfil para continuar siendo integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“Yo no puedo ser juez y parte y opinar si debería de renunciar o no, ya que en el Congreso del Estado tenemos un procedimiento en su contra”, asentó.
No obstante lo anterior, consideró que como cualquier servidor público en el Estado que ya no tiene fuero, está sujeto a que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
“Si hay alguna denuncia sustentada en contra del magistrado, la Fiscalía General del Estado tiene que intervenir y llegar a fondo”, concluyó.