Sostiene que la presidenta municipal debería evitarlos en vez de solaparlos, como señala Lydia Cacho
Martha TORRERO ORTEGA
“Lo que está sucediendo en Puerto Morelos, bajo la presunta complicidad de la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, es delicado y sumamente grave, ya que el allanamiento y los despojos de terrenos costeros que están perpetrando grupos armados pueden generar enfrentamientos con graves consecuencias que lamentar”, sostuvo el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Pallares Bueno.
Al opinar sobre el reportaje realizado y documentado por la periodista Lydia Cacho Ribeiro en el que se asegura que bajo la complicidad de la munícipe se está llevando a cabo una estrategia de acaparamiento ilícito de tierras de la zona costera en la citada demarcación, mediante un esquema ilegal basado en falsos registros catastrales y escrituras apócrifas, Pallares Bueno se pronunció por la realización de una amplia investigación sobre el desempeño de Fernández Piña quien, de acuerdo con los señalamientos que pesan en su contra, en lugar de garantizar el orden y la seguridad de la población, hoy está fomentando acciones que la perjudican y que atentan contra su patrimonio.
“No es posible que esté atentando en contra del patrimonio de las familias y mucho menos solapando a grupos de gente armada que estén cometiendo despojos que, en algún momento, podrían derivar en enfrentamientos, esto es lo que menos necesita Quintana Roo en estos momentos”, asentó.
Al abundar al respecto, el dirigente panista insistió en la necesidad de la Fiscalía General del Estado, ante las denuncias penales que ya han interpuesto las víctimas de estos ilícitos, lleve las investigaciones hasta sus últimas consecuencias para que se aplique estrictamente la Ley, caiga quien caiga.
“Esto no se debe tolerar, las autoridades estatales ya tienen conocimiento y tomarán cartas en el asunto, pero siempre con pleno respeto a la autonomía municipal”, remarcó.
De igual manera, Pallares Bueno señaló que dadas las amargas experiencias que se tienen de la anterior administración estatal, las autoridades ministeriales deberán ser puntuales en investigar lo relativo a los falsos registros catastrales y a las escrituras apócrifas que se utilizaron para consumar estos despojos.
“Estos casos ya debieron quedar en el pasado, de ninguna manera se puedan seguir tolerando, menos aún con los graves perjuicios que las familias están adoleciendo por la voracidad de unos cuantos, definitivamente se deben tomar las medidas que sean necesarias para que bajo ninguna circunstancia queden impunes”, concluyó.