Gran Solaris Cancún, reiteran ambientalistas
Gabriel ALCOCER
BENITO JUAREZ, 23 de noviembre.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
ya entregó a la Procuraduría General de la República el dictamen técnico que solicitó en seguimiento a la demanda presentada contra quien resulte responsable por daños al medio ambiente en la construcción del proyecto hotelero Gran Solaris Cancún, cerca de playa Delfines.
La demanda que fue formulada por Katherine Ender Córdova, presidenta de la asociación civil Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, fue por daños ecológicos provocados en playa Delfines derivado de la construcción del complejo hotelero, y aunque ya se rindió dicho informe tras una inspección en el lugar, la autoridad aún no ha dado a conocer el contenido de ese dictamen.
Ender Córdova sostuvo anoche una reunión con agentes del Ministerio Público de la Federación para darle seguimiento a la denuncia que presentó desde el 8 de noviembre pasado.
“Me indican que ya hay un informe de la Profepa y que lo están analizando. Falta el informe técnico de la Policía Ministerial Federal y esperar que la autoridad agote su etapa de investigación”, expresó la ambientalista sobre los avances en la integración de la denuncia.
Mencionó que no le dieron a conocer el contenido del dictamen de la Profepa, pero que el próximo lunes tiene una nueva cita en la PGR y espera tener una copia de ese informe.
“Deben clausurar o revocar autorizaciones, ya que no están bien sustentadas”, señaló en torno a los permisos que fueron otorgados para la construcción del hotel, en una zona de anidación de tortugas marinas, donde todavía no han eclosionado cientos de huevos, los cuales habrían sufrido daños por los recientes trabajos de la colocación de una cerca metálica.
Por su parte, Lorenzo Alvarez-Filip, investigador del Laboratorio de Biodiversidad Arrecifal y Conservación de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la UNAM, fue consultado sobre la construcción del cuestionado hotel Gran Solaris, a un costado de playa Delfines, misma que rechazó de manera tajante, al señalar, sustentado en estudios, que es una mala opción, tanto a manera de inversión como ambiental.
Abundó que toda construcción en duna costera, la cual sirve para protección en caso de huracán, será a futuro un problema porque podría empezar a tener fracturas en su edificación, mientras que en el plano ambiental indicó que se está rompiendo con la dinámica que hay entre ecosistemas como arrecifes de coral, la laguna costera y el manglar.
E indicó pasa lo mismo hacerlo sobre los manglares, lo cual es un delito ambiental ya establecido en la Ley, por lo que rechaza cualquier tipo de obras que atenten contra el medio ambiente.
Sobre el mismo caso, la representante de GEMA, Aracely Domínguez Rodríguez, señaló que se requiere una investigación de especialistas que determine la razón de la muerte de las tortugas en playa Delfines, sobre todo porque en el sitio se da la mayor cantidad de arribo dado que tiene mayor obscuridad, hay menos tránsito de gente, por lo que es innegable el impacto de esta obra.
Destacó que el sitio es una duna que al igual que los manglares tiene una función para la protección de las playas, toda vez que además de conservarla se pueden disminuir los embates de los huracanes.
Al hablar de la manifestación de impacto ambiental de este proyecto hotelero, indicó que no especifica un estudio concreto sobre de qué forma se tuvo que hacer un plan primero y el impacto real sobre la infraestructura urbana, capacidad de carga, densidad, e impacto también de las especies y hacia los visitantes, por lo que es omisa.
Abundó que la realidad es que “Cancún ya no aguanta ni un cuarto más, esa es la realidad”, por lo que las acciones son no permitir el crecimiento, no fomentar más cuartos cuando no se necesitan, sobre todo porque es una falacia señalar que las construcciones traen miles de empleos, toda vez que un estudio refleja que “a mayor cantidad de cuartos, menor calidad de vida en los cancunenses”, lo que es contrario a lo que los ciudadanos quieren.
En este tenor, señaló que la directriz de esta asociación es trabajar el problema a nivel de tribunales específicamente a través de juicios contenciosos, tanto por la evaluación de impacto ambiental como juicios contenciosos federales y locales, lo que podría derivar en juicios de amparo, y es que señaló que la Profepa sólo sanciona y no confían en esta institución.
La ambientalista manifestó que será la propia desarrolladora la que detenga la construcción, toda vez que en la MIA les dan un año para iniciar la obra y 10 para construir, por lo que podría tardar este tiempo, por lo que el camino es más ciudadanos, estudiantes y todo aquel que esté en desacuerdo con esta obra se mantenga en pie de lucha y hacer que la empresa desista en algún momento.