Ex Gobernador, señala Ochoa Reza
Fernando OLVERA DEL CASTILLO
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, destacó que deben llevarse a cabo los procedimientos jurídicos necesarios para que el dinero que se habría desviado durante la gestión del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto “N”, se recupere y se reintegre al pueblo de México.
En el marco de una entrevista que concedió a diversos medios de comunicación, el dirigente del tricolor fue cuestionado sobre la reciente extradición del ex mandatario, así como su vinculación a proceso por el delito de lavado de dinero, la cual derivó también en la medida de prisión preventiva justificada que concedió el juez de control ante el riesgo de fuga que planteó la Procuraduría General de la República (PGR).
“El que hoy esté en la cárcel representa la imagen de que los corruptos tienen que estar en prisión y la presente administración ha tomado medidas concretas para que ello suceda”, agregó.
Al abundar al respecto, insistió en la necesidad de que el dinero que presuntamente desvió el ex Gobernador y varios de sus colaboradores se reintegre al pueblo mexicano y que, ante todo, se haga valer la Ley.
“Se deben llevar a cabo los procedimientos jurídicos para que el dinero que se robaron se recupere y se reintegre al pueblo de México. Además, el imputado fue expulsado del PRI el año pasado”, resaltó.
Cabe destacar que el día de ayer varios portales de Internet a lo largo y ancho de la República Mexicana consignaron que representantes de diversos sectores quintanarroenses han demandado que Roberto “N”, extraditado el jueves pasado, no goce de privilegios en su proceso, que se restituyan los recursos al erario y se le determine una pena corporal por el desfalco millonario que se le atribuye en contra de Quintana Roo.
Asimismo, en la información que circuló se afirma que entre los temas recurrentes está el de las ventas irregulares de terrenos a familiares y amigos, vía Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Ipae), a través del cual 22 predios fueron comercializados en 240 millones de pesos, cuando su valor real rebasaba los mil 138 millones de pesos.
Por esa razón, la actual administración estatal denunció a Roberto “N” ante la PGR y la Fiscalía General del Estado (FGE), al calificar como absurdos los ingresos obtenidos de más de nueve mil hectáreas en siete municipios del Estado.
Las ventas contemplan el siete por ciento de la reserva territorial de Bacalar; 10 por ciento de Felipe Carrillo Puerto; dos por ciento de Tulum; 23 por ciento de Cozumel; 36 por ciento de Benito Juárez; 52 por ciento en Solidaridad y 60 por ciento en Puerto Morelos.