A funcionarios del MP, por presuntos actos de corrupción para favorecer al ex secretario general del Ayuntamiento de OPB, Jorge “N”: Desmiente que hayan sido despedidos

Fernando OLVERA DEL CASTILLO

La Fiscalía General del Estado confirmó que su Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional mantiene activa una investigación bajo el expediente único de caso FGE/QR/OPB/10/5380/2017, en el que se señala a servidores públicos de la institución por presuntos actos de corrupción que derivaron en el no ejercicio de la acción penal en contra del ex secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Jorge “N”, aclarando que ninguno ha sido despedido.

En un comunicado que hiciera llegar a la Redacción de esta Casa Editora, la dependencia señaló que como parte de las actuaciones realizadas por los fiscales del Ministerio Público de la Dirección Jurídica y de Vinculación, dentro del expediente en cuestión, “se realizó el procesamiento del área en seis Unidades de Investigación, en las cuales en ningún momento se suspendieron las labores ni se dejó de brindar atención a la población”.
El vicefiscal de la Zona Sur, Víctor Rafael Matos Leal, informó que el inicio de esa investigación derivó de la inobservancia de las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Explicó que “la Fiscalía General del Estado es totalmente respetuosa de los procedimientos y protocolos, por lo que hasta que se determine lo conducente se establecerá la permanencia de las funciones de dichos servidores públicos”.
En este sentido, el funcionario sostuvo que “el fiscal general del Estado, Miguel Angel Pech Cen, refrenda su compromiso de cero tolerancia a la corrupción, labor que se realiza con apego a derecho y con estricto respeto a los derechos humanos, ya que sólo de esa forma se puede lograr una correcta procuración de justicia”.
Ahora bien, entrevistado al respecto, Matos Leal señaló que la fiscal del Ministerio Público, de nombre Reyna “N”, podría ser sujeta a una acción penal e, incluso, de tipo civil, luego de que presuntamente, como se ha publicado, favoreció al ex funcionario de la administración de Eduardo Espinosa Abuxapqui.
De igual forma, explicó que la antes citada determinó el no ejercicio de la acción penal sin la autorización del fiscal general del Estado o, en su caso, de la persona que éste haya delegado, por lo que se hará acreedora a una sanción que va desde la amonestación, la suspensión temporal o, de así considerarse conducente, la destitución del cargo.
“También puede afrontar una sanción penal de comprobarse que incurrió en actos de corrupción de forma deliberada”, subrayó.
“Hay que tomar en cuenta que fueron las autoridades del municipio quienes también presentaron sendas denuncias en contra del ex funcionario. Ellos pueden determinar el ejercicio de la acción civil en contra de la fiscal del MP debido a que lo que buscan es que haya el resarcimiento del daño patrimonial que se causó al Ayuntamiento”, precisó.
Finalmente, Matos Leal indicó que el proceder de la fiscal del MP pudo derivar de dos circunstancias: El desconocimiento de la Ley o una acción deliberada.
Aclaró que sería sumamente grave que esa decisión la haya tomado por “desconocimiento”, ya que todos los que trabajan en la Fiscalía están obligados a conocer a detalle los cambios que se han dado en la normatividad vigente.
“Desde que una reforma se publica en el Diario Oficial surte efecto legal y todos debemos saberlo”, concluyó.