De comprobarse que pretende ser juez y parte en un asunto en el que tiene interés personal, subraya
Martha TORRERO ORTEGA
El diputado independiente, Juan Ortiz Vallejo, se pronunció por que el Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo analice a fondo el recurso de queja que presentaron los apoderados legales de la empresa Maioris Cancún, S. de R. L. de C.V., en contra del magistrado de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Lima, y de así considerarlo conducente proceda a aplicarle todo el peso de la Ley.
Entrevistado al respecto, el antes citado destacó la imperiosa necesidad de llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto, más aún cuando de acuerdo con los abogados agraviados, el funcionario habría incurrido en una actuación irregular en la toca penal 83/2017, relativa al intento de despojo de que fue objeto un ciudadano español, propietario de un lujoso departamento en el exclusivo complejo Maioris Tower de Puerto Cancún, a manos de Israel Gutiérrez Ramírez y Jose Luis Enciso Bernal o José Luis Medina Bernal, mediante el uso de documentos falsos.
En este sentido, no se puede perder de vista que el recurso presentado por Francisco Siman Carpio y Antonio Garza Flores, señala que fue durante la gestión de Lima como director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) cuando se consumó el fraude inmobiliario en Maioris Tower, es decir, él tenía conocimiento pleno del asunto ya que, incluso, fue señalado en un reportaje que se difundió a nivel internacional como uno de los integrantes de la presunta red de corrupción que se tejió en la administración pasada para llevar a efectos estos ilícitos.
“Esto nos dice que tal parece que ahora pretende ser juez y parte en este asunto, lo cual, definitivamente, no es sano para nadie, menos aún para el Poder Judicial del Estado”, afirmó el legislador.
Al respecto, el entrevistado sostuvo que de llegarse a la conclusión de que el magistrado en cuestión vulneró la Fracción XIV del Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, al no excusarse de intervenir en un asunto en el que tiene un interés personal, violando la imparcialidad que debe regir su actuación como servidor público, resulta imperante que se le aplique la Ley.
“Hoy se viven nuevos tiempos en Quintana Roo y, definitivamente, no hay lugar para este tipo de irregularidades que, lamentablemente, atentan contra el derecho que tienen los quintanarroenses a una impartición de justicia clara y totalmente imparcial”, asentó.
Cabe destacar que una vez que el recurso en cuestión fue admitido, el Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo está facultado, incluso, para separar de su cargo al magistrado como responsable de soslayar las obligaciones que le impone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo y, en virtud de la gravedad de sus actos, inhabilitarlo para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del servicio público.