El Operativo “Enjambre”: SSPC
CIUDAD DE MEXICO, 10 de febrero.- Más que una serie de detenciones de alto impacto, el denominado Operativo
Enjambre se ha consolidado como el eje central de la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A través de un método que prioriza la inteligencia sobre la fuerza bruta, el operativo envía un mensaje contundente al sistema político mexicano al establecer que la autonomía municipal ya no representa un escudo infranqueable para la colusión criminal ni para la protección de intereses delictivos.
Desde su implementación en noviembre de 2024, el Enjambre ha logrado la captura de más de 60 funcionarios y exfuncionarios, entre los que destacan presidentes municipales, directores de seguridad pública, síndicos y operadores financieros en diversas regiones del país.
A diferencia de estrategias de seguridad de sexenios pasados, el éxito de este despliegue no radica en la estridencia mediática o en el enfrentamiento directo, sino en su efectividad jurídica, pues a la fecha ya se han dictado 18 sentencias condenatorias que validan la solidez de las investigaciones presentadas ante los tribunales.
El sello del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es reconocible en la arquitectura de estas acciones que evitan el espectáculo para privilegiar los resultados.
El proceso sigue una lógica rigurosa que inicia con meses de inteligencia civil y la construcción de expedientes robustos para evitar la liberación de los implicados, culminando en ejecuciones simultáneas con el acompañamiento de las fuerzas armadas y las fiscalías para asegurar una judicialización efectiva del caso.
La geografía del operativo, que ha alcanzado entidades como el Estado de México, Michoacán, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Jalisco, demuestra que para la actual administración no existen sesgos partidistas ni regiones blindadas.
El Enjambre ataca directamente la raíz de la violencia al desmantelar la lógica donde las direcciones de seguridad locales funcionaban como brazos operativos o simples oficinas de enlace para grupos delictivos, rompiendo así el control territorial que el crimen organizado ejercía desde el poder institucional.
Para los analistas, el trasfondo de esta estrategia es doble y profundamente estratégico. En el plano internacional, México proyecta ante Washington una capacidad real de combate al crimen organizado basada en la soberanía y la inteligencia técnica, mientras que en el plano doméstico se fija una línea política definitiva donde cualquier actor que utilice el poder público para fines ilícitos será alcanzado por la ley.
En última instancia, el Operativo Enjambre funciona como una advertencia ejecutada con precisión que busca obligar a un cambio de conducta en los gobiernos locales.