Tribunal desconoció anulación de sentencia
CUERNAVACA, 14 de junio.- María Luisa Villanueva Márquez, quien estuvo 25 años en prisión por
un delito que no cometió y que, mediante tortura, elementos antisecuestros de la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía General del Estado (FGE), la obligaron a confesar, y fue liberada en febrero de 2023 por el beneficio de la remisión parcial de la condena, informó que, en una audiencia celebrada el pasado viernes 12 de junio, un tribunal de alzada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos no acreditó su reconocimiento de inocencia ni la anulación de la sentencia en su contra.
De acuerdo con las declaraciones de María Luisa, de 52 años, los magistrados que integraron dicho tribunal de alzada, Francisco Hurtado, Horacio López y Miriam Uribe, la revictimizaron durante una audiencia que duró dos horas y media. Por ello, anunció que promoverá un amparo ante la justicia federal contra esta resolución.
“Porque me asisten la razón y la verdad, y cuento con todas las pruebas que acreditan que yo no participé en un hecho delictivo por el cual estuve injustamente en prisión durante 25 años y 26 días”, expresó Villanueva.
Según María Luisa, los integrantes del tribunal de alzada no tomaron en cuenta, al resolver su petición de reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia, el Protocolo de Estambul, que acreditó que fue torturada por elementos del grupo antisecuestros en 1997, cuando fue detenida a los 23 años de edad, acusada de secuestro y posteriormente sentenciada a 30 años de prisión.
Los magistrados no sólo desestimaron el Protocolo de Estambul, sino que incluso lo desacreditaron, denunció Villanueva. Aseguró que durante la audiencia, realizada en el TSJ, ubicado en el centro de la capital morelense, señalaron que, debido al paso de los años, “yo estoy confundida, y a lo mejor algo se me olvidó, y que por eso dije lo que dije en el Protocolo de Estambul”.
Dicho estudio fue realizado por especialistas cuando Villanueva aún permanecía en prisión y fue presentado ante la FGE en septiembre de 2022.
El Protocolo de Estambul, manual internacional adoptado por las Naciones Unidas que establece estándares y procedimientos para investigar, documentar y evaluar de manera efectiva la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, demostró, según el abogado Eutiquio Damián Santiago, que “María Luisa padece los síntomas de la tortura que sufrió durante cuatro días a manos de los agentes, tiempo en el cual estuvo sin alimentos, sin agua, amarrada a una silla y constantemente violentada en sus derechos”.
Además, en entrevista este domingo, María Luisa afirmó que durante la audiencia del pasado viernes los magistrados no valoraron las pruebas en su conjunto para que constituyeran una prueba plena, pese a que algunas de ellas fueron presentadas desde hace varios años.
Recordó que la investigación iniciada ante la FGE para obtener el reconocimiento de su inocencia data de hace una década y ha sido impulsada por su abogado, Eutiquio Damián Santiago.
“Los magistrados en la audiencia mostraron su ignorancia en todos los aspectos relacionados con la impartición de justicia con perspectiva de género. Es lamentable lo que me tocó vivir con estos magistrados. Sin embargo, la lucha continúa y esto no queda aquí. Voy a acudir a todas las instancias necesarias hasta lograr mi reconocimiento de inocencia.
“Seguiré en la lucha hasta encontrar justicia y sentar un precedente en este tema. No se puede condenar a una persona inocente durante tantos años y permitir que eso quede en la impunidad. Mi caso no puede quedar impune. Es difícil, en verdad; la justicia en el estado de Morelos está en decadencia, cada día la degradan más. Estoy decepcionada de quienes la imparten y de las personas que son designadas para hacerlo. Realmente necesitamos gente conocedora en la impartición de justicia”, aseguró María Luisa, originaria de Ocotillo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.
A juicio de Villanueva, los magistrados únicamente buscaron cumplir con la ejecutoria de amparo federal que les ordenó reponer la audiencia de enero de 2024, en la que se declaró infundada la solicitud de reconocimiento de inocencia e invalidación de sentencia bajo el argumento de que no se habían presentado pruebas suficientes.
Sin embargo, sostuvo que en esta nueva audiencia, pese a que existían numerosas pruebas que acreditaban su inocencia, los magistrados no tomaron en cuenta el Protocolo de Estambul ni valoraron adecuadamente el resto de los elementos probatorios.
“Parece que los magistrados ni siquiera leyeron completo el expediente”, concluyó.