FGR ve riesgo de fuga de Eugenio Hernández

Ciudad de Mexico, 26 de agosto.- Tras casi 6 años preso, el ex Gobernador de Tamaulipas,

Eugenio Hernández Flores salió de prisión la madrugada de este sábado, luego de que un juez federal le autorizó llevar su proceso de extradición a Estados Unidos en libertad.
El político ex priísta abandonó el penal estatal de Tenango del Valle, Estado de México, en una camioneta de lujo con destino desconocido.
Anoche, la Fiscalía General de la República (FGR) se lanzó contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), al considerar que la resolucion dictada por el juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Genaro Antonio Valerio Pinillos, en la que concedió al ex mandatario tamaulipeco la libertad, es una “garantía ilusoria, que pone en riesgo de fuga”, al ex mandatario que “cometió delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos”.
Mediante una tarjeta informativa, la FGR recordó que desde enero de 2018 otro juez aprobó el traslado de Hernández Flores a los Estados Unidos, país que lo acusa de que siendo Gobernador de Tamaulipas, en complicidad con su cuñado Oscar Manuel Gómez Guerra, establecieron empresas ficticias para robar fondos públicos del Gobierno estatal por un monto de 300 millones de pesos, utilizando el sistema financiero del vecino país.
En consecuencia, indicó la FGR, en marzo de 2018 el Gobierno de México concedió la extradición de Hernández Flores, pero en abril de ese año el juez de amparo admitió la demanda en contra del acuerdo que concedió su traslado.
Afirmó que en esa misma fecha, el juez le concedió suspensión de plano para que no fuera ejecutada la extradición y “hasta la fecha no ha resuelto el juicio de amparo, a pesar de que han pasado 5 años y ahora le concede la libertad argumentando que no había una prisión preventiva dictada por la autoridad judicial, sin embargo, el juez de amparo lo tenía a su disposición para efectos del juicio, ya que si no existiera ese juicio se le habría extraditado desde el 2018”.
La FGR consideró que en este “caso, se vuelve a refrendar una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos, sólo porque el juicio se ha extendido en razón de las dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, y por dilaciones del mismo juzgador, que ahora las usa a su favor”.