En cuatro tiendas de cadena

Alejandro CHAN PUC

FELIPE CARRILLO PUERTO, 14 de noviembre.- Tras una jornada de inspección realizada a establecimientos de la Zona Maya, personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión que prohíbe la venta de diversos

artículos electrodomésticos en tres cadenas comerciales de nivel nacional y una regional, debido a que los productos no contaban con sus precios exhibidos a la vista de los consumidores.
César Uc Chi, encargado del área de Inspección y Vigilancia de la Profeco Delegación Quintana Roo, encabezó el operativo de verificación que se realizó a comercios que ofrecen productos y servicios en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, incluidas tiendas de abarrotes y de autoservicio, así como cadenas departamentales.
Explicó que es prioridad de Javier de Jesús Rosado Martínez, delegado de la Profeco en Quintana Roo, garantizar que se respeten los precios de productos y servicios hacia el consumidor y más aún de cara al programa federal “Buen Fin”.
Uc Chi destacó que estas acciones se han realizado en los municipios de la Zona Sur del Estado y se dará seguimiento a los ubicados en la Zona Centro.
En lo que corresponde al municipio carrilloportense, el entrevistado señaló que se detectaron cuatro cadenas comerciales con irregularidades, tres de ellas de renombre nacional y la otra conocida a nivel regional. Estas tiendas coincidieron en que algunos de sus productos no presentaban sus precios exhibidos al consumidor, lo cual contraviene a los lineamientos de la dependencia federal.
Esta situación ameritó una sanción para las tiendas y se colocaron sellos para la suspensión de la comercialización de los productos detectados, mismos que deberán ser retirados de exhibición hasta que las cadenas solventen las multas y la Profeco retire los sellos colocados en las entradas de las tiendas.
Los sellos fueron colocados en las cadenas Coppel, Chedraui, Bodega Aurrera y una sucursal de Súper Willy’s.
César Uc hizo una exhortación a la ciudadanía para que denuncie cualquier anomalía que pudiera ser una violación a los estatutos de la Profeco y que afecte la economía de los consumidores.