Así son las reformas que la XVIII Legislatura del Estado aprobó a diversas disposiciones

de la Constitución Política de Quintana Roo en materia de fortalecimiento al combate de la corrupción, responsabilidades administrativas y reorganización administrativa de la entidad.
Y es que el Pleno legislativo aprobó una minuta con proyecto de decreto la cual será enviada a los Ayuntamientos de la entidad para el trámite legislativo correspondiente, a fin de crear un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción con fundamento constitucional y legal suficiente para que realice sus actuaciones con pleno apego a los principios establecidos en la Carta Magna y permita el combate, erradicación y sanción de los actos de corrupción en nuestra entidad.
En este sentido, no se puede perder de vista que la reforma contempla requisitos para ser magistrada o magistrado de Justicia Administrativa y Anticorrupción como un proceso distinto e independiente del Poder Judicial del Estado, siendo que este nuevo Tribunal contará con cinco personas que lo conformarán, de las cuales una fungirá como titular de la Presidencia y será designada por el Pleno para un periodo de cinco años con posibilidad de reelección, por una sola vez, para un periodo de igual duración, destacándose que en materia de Organos Internos de Control (OIC) se adicionaron disposiciones para establecer desde el nivel constitucional los requisitos que deberán cumplir las personas que ocupen la titularidad de los mismos en los órganos autónomos de la entidad.
Al respecto, las y los legisladores destacaron que esta reforma también le brinda a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la plena autonomía como un órgano constitucional, por lo que las reformas buscan consolidar la independencia y la capacidad de acción de la misma, garantizando su efectividad en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho.
Con base en lo anterior, y dado que estas modificaciones también incluyen el ampliar a 12 años el lapso de gestión del hoy titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar, justo es reconocer los alcances de la misma, a fin de que la entidad se mantenga en el margen de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito del servicio público.
¿No lo cree así, amable lector?