Es el que, una vez más, refrendó la Gobernadora del Estado

, Mara Lezama Espinosa, a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al participar en la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, evento histórico para impulsar el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.
Y es que la titular del Ejecutivo Federal reunió a Gobernadoras y Gobernadores de todos los partidos, empresarios, instituciones académicas y distritos de riego para un acuerdo por el derecho humano al vital líquido, privilegiando ante todo el cuidado al medio ambiente, siendo que, como parte de este acuerdo, Eduardo Tricio, empresario de la firma Lala regresó al Gobierno de la República las concesiones de la zona de Cuatro Ciénagas, una demanda histórica de ambientalistas y ejidatarios, y se comprometió con la tecnificación del riego.
En este sentido, la mandataria quintanarroense no sólo ocupó un lugar relevante en el presídium, junto con secretarias y secretarios del Gobierno Federal, diputados y senadores, empresarios y demás, quienes firmaron el acuerdo, sino que fue clara al señalar que la entidad seguirá trabajando coordinadamente con la Federación para avanzar en la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en Holbox y otra en Cozumel, las cuales se sumarán a la de Tulum, para reducir la extracción de agua del acuífero y en las zonas rurales usar paneles solares para garantizar el suministro, además de fortalecer las campañas de concienciación para el ahorro, uso y cuidado del vital líquido.
Al respecto, la Presidenta de la República explicó que el Acuerdo Nacional contempla acciones y compromisos para garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente, a través de 4 ejes rectores.
Con base en lo anterior, no queda más que resaltar lo afirmado por la Gobernadora en cuanto a que esta suma de esfuerzos aportará beneficios al país al poner orden en las concesiones sobre el uso del agua, mejorar el riego, así como hacer más eficiente la producción, cumplir las normas y tener mayor uso del agua reciclada, en pocas palabras, lo que necesita el Estado y nuestro país para garantizar este derecho a las y los ciudadanos.
¿No lo cree así, amable lector?