Lo mismo que enteramente responsable, fue la invitación que hizo el titular de la Agencia

de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), José Alonso Ovando, a todos los notarios públicos de la entidad, a fin de que verifiquen la autenticidad de los títulos de propiedad de sus clientes antes de realizar la escrituración de inmuebles, toda vez que se han detectado diversas actividades fraudulentas.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, el antes citado, al tiempo que explicó que lo que se busca con esto es proteger el patrimonio de las familias quintanarroenses y seguir cerrando las brechas de la desigualdad, informó que ya se están tomando cartas en el asunto, esto en concordancia con el compromiso de la Gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, de brindar certeza jurídica a quienes así lo requieran con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.
En este sentido, no se puede perder de vista que la misión de la Agepro es la administración eficaz y el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la administración pública estatal, así como la constitución, administración y disposición estratégica de las reservas territoriales del dominio privado del Estado y las asociaciones público-privadas, siendo que, durante el ejercicio de sus actividades, como lo dio a conocer el funcionario ya mencionado, se ha identificado la utilización de títulos falsos supuestamente emitidos por diversas entidades gubernamentales, tales como el Catastro, el Inviqroo, el Infovir, la Sedetus, el Ipae, la Agepro a nivel estatal, y la Sedatu a nivel federal, en los municipios de Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Bacalar y Benito Juárez.
Al respecto, el titular de la Agepro fue claro al señalar que estos títulos fraudulentos han sido inscritos en administraciones gubernamentales anteriores en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y, posteriormente, se obtuvieron cédulas catastrales y otros documentos legales que les confieren una apariencia de autenticidad, lo que genera incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, afectando la competitividad del Estado y el patrimonio público y de los particulares.
Con base en lo anterior, no queda más que esperar que los fedatarios atiendan puntualmente este llamado de Alonso Ovando, en aras de hacer valer la Ley y proteger ese patrimonio que con mucho esfuerzo y sacrificio han consolidado cientos de familias quintanarroenses a lo largo de muchos años.
¿No lo cree así, amable lector?