Así es la postura que ha mantenido la Fiscalía General del Estado (FGE), al mando de Oscar Montes de Oca Rosales, a fin de que, contrario a lo que

sucedía en el pasado, hoy las invasiones y despojos de bienes inmuebles en la entidad, bajo ninguna circunstancia, queden impunes.
Y es que al dar a conocer que del 12 al 18 de los corrientes, un total de 96 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público: Tres por despojo, 27 por delitos contra la salud, 21 por robo, además de otros delitos, siendo que de estas, 18 quedaron vinculadas a proceso y 16 permanecen en prisión preventiva, el antes citado anunció que, en breve, la dependencia a su cargo signará un convenio de colaboración con la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Benito Juárez e Isla Mujeres, y con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo, a fin de mantener una estrecha comunicación en los asuntos relacionados con las invasiones de predios.
En este sentido, el Abogado del Estado, al tiempo que detalló que desde hace dos meses se trabaja de manera coordinada con dichas instituciones mediante la creación de una base de datos para detectar de manera inmediata a los grupos delictivos que realizan actividades ilícitas y así proceder en su contra conforme a derecho, explicó que  en el caso de un predio en la zona de Isla Blanca, en donde sujetos sacaron por la fuerza a los vigilantes e ingresaron maquinaria y materiales para construir un inmueble, personal de la FGE, tras la denuncia formal del propietario, colocó sellos de aseguramiento como medida cautelar, sin embargo, dos personas arribaron hasta el sitio y los rompieron, por lo que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
Al respecto, el funcionario indicó que la dependencia a su cargo mantendrá acercamientos con la sociedad civil, llámese asociaciones y agrupaciones relacionadas con el sector inmobiliario, las cuales, de manera legítima y legal, quieren contribuir a evitar estas prácticas ilícitas que laceran a la sociedad quintanarroense.
Con base en lo anterior, no queda más que resaltar lo afirmado por Montes de Oca Rosales en cuanto a la firme disposición de la FGE de hacer prevalecer la Ley para, de esta forma, dar transparencia, fortaleza legal y certeza a los ciudadanos en cuanto a su patrimonio.
¿No lo cree así, amable lector?