Y en toda la extensión de la palabra, son los señalamientos que un grupo de supuestos empresarios extranjeros, acusado de robo de información a cuentahabientes y clonación de tarjetas bancarias, ha vertido en contra del titular de la

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Alberto Capella Ibarra, en lo que parece ser una burda campaña mediática que apunta a todo, menos a hacer valer la Ley.
Y es que, no obstante lo mucho que se ha comentado sobre el tema, basta echar un vistazo a la carpeta de investigación FGR/QR/CUN/0000151/2019 para determinar que todo se trata de una “cortina de humo” que lo mismo pretende retrasar la acción de la justicia contra los arriba señalados, los cuales son buscados en Estados Unidos y Rumania, que poner en entredicho la estrategia de seguridad que se ha desplegado en el Estado contra la delincuencia organizada.
En este sentido, cabe señalar que en marzo del año pasado, dos de estos supuestos empresarios fueron detenidos por elementos del Ejército mexicano con una pistola escuadra, cartuchos útiles y 464 mil pesos en un retén instalado en Puerto Morelos, lo que derivó en investigaciones que llevaron al cateo y aseguramiento de varias de sus propiedades, acciones que perversamente le endilgaron a Capella Ibarra, llegando al grado de responsabilizarlo de atentar contra su patrimonio al ordenar directamente estos operativos federales.
Al respecto, lo cierto es que los delitos por los que actualmente se investiga y se persigue a estos extranjeros son competencia única y exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual tiene en su poder el dinero y los bienes que les fueron asegurados, siendo que la participación de la Policía Quintana Roo en los operativos que se han desplegado en su contra se ha limitado a brindar apoyo logístico a dicha instancia federal, es decir, sus elementos, así como estuvieron presentes durante su detención, también se encargaron del resguardo de un inmueble tras un cateo y nada más.
Con base en lo anterior, no queda más que esperar que, en este caso en particular, las cosas se digan como son, ya que de ninguna manera es válido que intereses obscuros que sólo buscan evadir el ejercicio de la Ley, ahora pretendan deslegitimar los esfuerzos que se están haciendo para recuperar la paz y la tranquilidad de todos los quintanarroenses.
¿No lo cree así, amable lector?