El que desde siempre ha brindado el Gobernador Carlos Joaquín González a las acciones que permitan garantizar la seguridad de los usuarios de los puertos que administra y opera el Estado, es el que ayer resaltó la directora general de la

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, la antes citada, al tiempo que informó que, con la entrada en operación de la escalera eléctrica de la terminal marítima de San Miguel en la Isla de Cozumel, esta alcanzó la homologación al Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), el cual rige a nivel internacional, indicó que esta medida dispuesta por el jefe del Ejecutivo, mediante una inversión del orden de los 12.5 millones de pesos, provenientes de recursos propios de la paraestatal, resulta por demás oportuna ante el próximo inicio de la temporada vacacional de Invierno, la cual se espera rompa todos los récords establecidos en cuanto al flujo de pasajeros nacionales y extranjeros.
En este sentido, la funcionaria detalló que para lograr esta homologación se invirtió en tecnología de punta como cámaras de alta resolución detectoras de rostros y placas de automóviles, así como equipo de Rayos X para interceptar el traslado de drogas y objetos prohibidos como armas blancas y de fuego, a fin de garantizar la tranquilidad de los usuarios y, más importante aún, poner a disposición de las autoridades correspondientes a las personas responsables.
Al respecto, Ricalde Magaña comentó que la Apiqroo también está en condiciones de ofrecer los servicios a los llamados “tender”, es decir, las embarcaciones menores que se encargan del traslado de los pasajeros de los cruceros a la terminal marítima, para lo cual ya se trabaja en una nueva certificación que se espera concretar en el corto plazo.
Con base en lo anterior, no queda más que esperar, como bien lo señaló la titular de la paraestatal, que los concesionarios de la terminal marítima de Playa del Carmen se sumen a este esfuerzo para garantizar la integridad de los visitantes, pues aunque argumentan que la Ley no se los exige, los tiempos actuales y la necesidad de conservar la seguridad del destino turístico, sí lo demandan.
¿No lo cree así, amable lector?