Así resultan los comentarios que han surgido en torno a la supuesta desaparición de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, mediante un acuerdo emitido por el Gobernador Carlos Joaquín González el pasado día 8 de los corrientes en el Periódico

Oficial del Estado, en el cual se establece que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) asumirá las funciones de dicha dependencia, a fin de simplificar la administración pública centralizada de la entidad.
Y es que contrario a lo que se ha dicho en cuanto a la supuesta creación de una “supersecretaría”, dicho acuerdo es muy claro al señalar que la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, ante la salida de Manuel Alamilla Ceballos, fungirá como encargada del despacho de la Oficialía Mayor, lo que implica que deberá recibir no sólo los asuntos, sino los recursos humanos, materiales, financieros y demás que éste tenía a cargo, a fin de garantizar el debido funcionamiento de la dependencia.
En este sentido, no se puede perder de vista que también se instruye a la antes citada a realizar un diagnóstico que permita identificar las funciones, procesos y procedimientos que, en su momento, pudieran ser trasladados a la Sefiplan, el cual deberá remitir a la Secretaría de Gobierno (Segob), a fin de que su titular incluya en la agenda de iniciativas que serán presentadas ante la XVI Legislatura del Congreso del Estado, una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos que resulten necesarios para dar cumplimiento al acuerdo en cuestión.
Al respecto, tampoco se puede soslayar que el titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo será el encargado de materializar las iniciativas con proyecto de decreto que contendrán las propuestas de reforma a los ordenamientos legales correspondientes.
Con base en lo anterior, bien vale la pena subrayar que con el citado acuerdo, y lejos de lo que se está rumorando, el Gobernador ni está desapareciendo de un “plumazo” la Oficialía Mayor, ya que lo único que pretende es tener las bases para presentar al Congreso del Estado una iniciativa que, efectivamente, deberá ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada por los diputados quienes, como sucede en un sistema republicano y democrático como el nuestro, son los que tienen la última palabra.
¿No lo cree así, amable lector?