El del Gobernador Carlos Joaquín González de conducirse con probidad en el ejercicio del poder público, es el que han seguido al pie de la letra los funcionarios de la actual administración estatal, y es así como, al día de hoy, el 80% de los

mismos ha presentado en tiempo y forma su declaración de modificación patrimonial y de intereses.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, de acuerdo con información de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), a cargo de Rafael del Pozo Dergal, son casi 3 mil 500 servidores públicos de las dependencias, entidades y organismos descentralizados del Gobierno del Estado, los que, a la fecha, ya cumplieron con esta responsabilidad, siendo que la citada instancia, además de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, fueron las primeras en hacerlo, mientras que el Instituto Quintanarroense de la Juventud, la CAPA, el Ifeqroo, el Idefin, el Conalep, la Apiqroo, el Instituto de la Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas, así como el Servicio Estatal del Empleo, la empresa VIP Saesa, la Cojudeq y el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, entre otros, también lo han hecho al 100%.
En este sentido, no se puede perder de vista que la declaración patrimonial es un trámite completamente en línea y que los servidores públicos sólo deben ingresar al portal DeclaranetQRoo (declaranet.secoes.qroo.gob.mx), llenar los campos marcados con su RFC y contraseña, y seguir las instrucciones, cumpliendo así con las medidas de prevención dispuestas por el jefe del Ejecutivo ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (covid-19), esto sin contar con que, además, la Secoes ha puesto a su disposición los correos electrónicos [email protected] y delegació[email protected] para cualquier duda o aclaración.
Al respecto, tampoco se puede soslayar que la sanción por la omisión en el cumplimiento de esta obligación es dejar sin efectos el nombramiento o contrato de que se trate.
Con base en lo anterior, no queda más que esperar que dentro del plazo establecido, todos los funcionarios rindan cuentas sobre la evolución de su situación patrimonial, a fin de garantizar su actuación honesta y transparente en beneficio de todos los quintanarroenses.
¿No lo cree así, amable lector?