El de la directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde, de pretender desalojar

a los integrantes del Club Náutico de Chetumal del predio que han ocupado por más de 50 años en el Boulevard Bahía, es el que desató ayer la indignación de las y los chetumaleños.
Y es que la antes citada, como si no bastara con su pobre y deficiente desempeño al frente de dicha paraestatal, lo cual, sí debería preocuparle, ahora busca acabar de un plumazo con un sitio que no sólo es un emblema y referente de Chetumal, sino que es fiel reflejo de la identidad que, con esfuerzo y tenacidad, dejaron como legado los forjadores de esta parte de Quintana Roo.
En este sentido, y sin detenerse a pensar en lo absurdo de esta ocurrencia, la funcionaria se dio a la tarea de girar, a través de la encargada de la Gerencia Jurídica de la Apiqroo, Glende Yanira Reyes Mendivil, un oficio en el que, si bien “invita” a los integrantes de la citada agrupación a retirar sus embarcaciones, vehículos y equipo de la que denomina, hasta con cierto desprecio, como “la superficie colindante al estacionamiento de la Terminal Marítima de Chetumal”, al final los amenaza veladamente con que, de no desalojarla en un lapso no mayor de 72 horas, “se podría instaurar un procedimiento para asegurar la superficie en cuestión”.
Al respecto, no se puede perder de vista que quienes forman parte del Club Náutico de Chetumal desde siempre se han caracterizado por impulsar la pesca deportiva, abonando así a los grandes esfuerzos que está haciendo el Gobierno del Estado por promocionar la Zona Sur y así aprovechar el enorme potencial turístico que tiene, esto sin contar con que, además de que son generadores de cientos de empleos que hoy están en riesgo de perderse por esta descabellada “idea”, son quienes han financiado, con sus propios recursos, la infraestructura con que hoy cuenta este sitio.
Con base en lo anterior, no queda más que esperar que Alicia Ricalde deje a un lado la soberbia que la caracteriza y tome consciencia de que, lo que pretende hacer, más allá de una situación de derechos y obligaciones como ella aduce, no es más que una descarada arbitrariedad contra el patrimonio histórico de las y los chetumaleños.
¿No lo cree así, amable lector?