Es el que se anotó de nueva cuenta la Fiscalía General del Estado, a cargo de Oscar Montes de Oca Rosales,

luego de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron dos órdenes de aprehensión, emitidas por un juez de Control, a dos féminas de nombres Guillermina “C” y Nazle “C”, por el delito de despojo en agravio del patrimonio estatal, relacionado con la carpeta administrativa 517/2022.
Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, tras una denuncia interpuesta durante el mes de febrero del año en curso, la representación social, a través de los fiscales del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación de Mahahual, inició las indagatorias correspondientes, las cuales señalaron que las detenidas probablemente participaron en el desmonte, lotificación y construcción de estructuras en predios ocupados ilegalmente en el corredor Punta Herrero-Xcalak, en el corazón de la Costa Maya.
En este sentido, según dio a conocer la dependencia en un comunicado de prensa, una vez que los agentes de Investigación recabaron los datos de prueba necesarios, fiscales del Ministerio Público solicitaron ante el órgano jurisdiccional los mandamientos correspondientes para obtener las órdenes de aprehensión en contra de cada una de las imputadas, quienes, se presume, son líderes de grupos que se dedican a la invasión de predios en Mahahual.
Al respecto, se sabe que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por elementos de la Policía de Investigación en calles de la comunidad de Xcalak, siendo que, posteriormente, y con base en los protocolos establecidos para casos como este, tanto Guillermina “C”, como Nazle “C” fueron trasladadas a las instalaciones de la FGE en la capital del Estado y, tras su valoración médica, se les remitió al Centro de Reinserción Social (Cereso) donde quedaron a disposición del juez de Control que las requirió.
Con base en lo anterior, no queda más que recalcar que, con acciones como esta, la Fiscalía General del Estado cumple con su encomienda constitucional de investigar, ubicar y capturar a los probables participantes de hechos delictivos que atentan contra el patrimonio de las y los quintanarroenses.
¿No lo cree así, amable lector?