Investiga delitos contra la biodiversidad
Ulises ARROYO
PLAYA DEL CARMEN, 10 de octubre.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un inmueble ubicado en las inmediaciones
de Playacar, como parte de una investigación por presuntos delitos contra la biodiversidad, luego de que se detectara una construcción que aparentemente carecía de autorización en Materia de Impacto Ambiental (MIA) y donde, además, se habría incumplido una orden de clausura emitida previamente por las autoridades ambientales.
La intervención federal se realizó mediante una orden de cateo autorizada por un juez de Control, derivada de una denuncia presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que había identificado posibles irregularidades durante una inspección al predio.
De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, las investigaciones comenzaron después de que personal de la Profepa detectara trabajos de construcción sin contar presuntamente con la autorización ambiental correspondiente.
Durante las actuaciones también se identificó un posible incumplimiento de la medida de seguridad consistente en la clausura total temporal del inmueble, que había sido impuesta con anterioridad por la autoridad ambiental.
Esta disposición buscaba impedir la continuación de actividades que pudieran representar riesgos o provocar afectaciones al ecosistema mientras se atendían las irregularidades detectadas.
Sin embargo, los hechos denunciados llevaron a la intervención del Ministerio Público Federal, que inició las diligencias para determinar si las conductas señaladas constituían un delito contra la biodiversidad.
Como parte de la investigación, la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Quintana Roo solicitó una orden judicial para ingresar al inmueble y realizar las actuaciones correspondientes.
Una vez obtenida la autorización del juez de Control, personal de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal participaron en el cateo.
La diligencia se desarrolló en coordinación con inspectores de la Profepa, quienes colaboraron con las autoridades ministeriales en la revisión de los aspectos relacionados con la normativa ambiental.
El operativo también contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional, encargados de brindar seguridad perimetral durante las actuaciones.
Tras concluir la inspección judicial, los agentes federales procedieron al aseguramiento del inmueble, que quedó sujeto a las investigaciones ministeriales.
La FGR explicó que esta medida forma parte de las actuaciones destinadas a preservar los elementos relacionados con los hechos denunciados y permitir que continúe el esclarecimiento de las posibles irregularidades.
El caso está relacionado con dos situaciones que deberán ser investigadas: La presunta realización de una construcción sin autorización de impacto ambiental y el posible incumplimiento de una clausura temporal previamente ordenada por la Profepa.
Ambas circunstancias forman parte de la denuncia que dio origen a la intervención de las autoridades federales.
La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan con el propósito de reunir los datos de prueba necesarios para establecer las circunstancias en que se desarrollaron los trabajos y determinar si existen responsabilidades penales.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han identificado públicamente a los propietarios, responsables de la obra o posibles involucrados en los hechos investigados.
Tampoco se precisaron las dimensiones del terreno, las características de la construcción ni la extensión de las posibles afectaciones ambientales.
Por ello, aún no existe información oficial suficiente para establecer el alcance de los daños que pudieran haberse ocasionado al ecosistema de la zona.
El aseguramiento constituye una medida dentro de la investigación y no representa, por sí mismo, una determinación definitiva sobre la responsabilidad penal de alguna persona.
La FGR mantendrá las actuaciones correspondientes para esclarecer las irregularidades denunciadas por la Profepa y determinar si los hechos constituyen delitos previstos en la legislación federal.
Mientras tanto, el inmueble ubicado en las inmediaciones de Playacar permanecerá sujeto a las disposiciones ministeriales derivadas del cateo y aseguramiento realizados por las autoridades federales.
