Se registra movilización en oficinas
Christian TREJO
SOLIDARIDAD, 19 de septiembre.- Una movilización de elementos policiacos estatales y federales se registró en las oficinas de Aguakan para auxiliar a personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que realizaría un embargo en
contra de la polémica concesionaria.
Luego de que la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, presentara la iniciativa para revocar la concesión de Aguakan, esta tarde elementos policiacos arribaron a las instalaciones de la concesionaria como paso previo al embargo por un presunto desvío de más de mil millones de pesos en un arqueo.
Personal de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de CAPA llegó a las instalaciones acompañados de agentes policíacos, por lo que ingresaron para proceder al aseguramiento del inmueble, lo que generó que guardias de seguridad desalojaran a los clientes del lugar para finalmente cerrar las puertas, aunque minutos más tarde llegaron funcionarios de CAPA, la cual habría solicitado el juicio de embargo.
Hay que agregar que estas medidas podrían ser el resultado de las denuncias interpuestas por parte el Ayuntamiento de Solidaridad, encabezado por Cristina Torres Gómez, quién presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo la demanda por lesividad contra la concesionaria del servicio público de agua potable Desarrollos Hidráulicos de Cancún, conocida como Aguakan.
Esta denuncia fue presentada a raíz de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocara cuatro sellos de suspensión a Aguakan el pasado 7 de febrero, todo ello por múltiples quejas sobre irregularidades en el servicio prestado. Posteriormente la Comuna llevó a cabo una consulta pública a fin de determinar la opinión de los usuarios con respecto al servicio de la concesionaria.
Cabe mencionar que hace dos semanas, el director de CAPA, Gerardo Mora Vallejo, reveló que en una revisión de las finanzas de la concesionaria detectaron un presunto desvío de mil 226 millones de pesos de un crédito fiscal de la empresa, que no fue destinado a los fines indicados en el título de concesión.
Esta denuncia fue producto de la negativa de CAPA para entregar el dictamen acerca de las denuncias por incumplimiento de servicio por parte de Aguakan desde mayo de 2017, mismo del que la Edil estuvo en espera de la respuesta por varios meses y que dejó de manifiesto la falta de cooperación de la paraestatal.
En su momento, la munícipe sostuvo que estaban esperando los dictámenes de CAPA, por lo que se le dio un plazo, el cual de no obtener respuesta, se presentaría la solicitud a los tribunales para que a través de un juez la CAPA fuera requerida.
Fue de esta manera en que a través de una sesión de Cabildo se autorizó interponer la denuncia que se encuentra en tribunales, aunque finalmente la CAPA concluyó con su análisis y determinó que de 10 puntos que debía cumplir como requisitos de concesión, sólo logró dos. Peor aún, descubrieron un posible desfalco de mil 226 millones de pesos, derivados de un crédito fiscal.
