Actrices también alzan la voz

 Contra criminalización del aborto

 

CIUDAD DE MEXICO, 16 de abril.- A sus 25 años Dafne McPherson enfrentó la peor pesadilla de su vida: Ser encarcelada durante tres años y cuatro meses en el penal de San Juan del Río, Querétaro, ¿la razón? por un parto espontáneo.


Su historia es sólo un ejemplo de las batallas que deben librar otras mujeres en México y es que de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tan sólo en 2018 se han levantado 516 averiguaciones contra quienes se han practicado un aborto.
La Ciudad de México es la única entidad del país donde se permite la interrupción del embarazo siempre y cuando sea antes de las 12 semanas de gestación.
En el resto del territorio el aborto se tipifica como delito y las penas de prisión para quien incurre en él varían dependiendo el código penal de la localidad, siendo absueltas sólo aquellas que fueron violadas o si su vida está en riesgo.
Por ejemplo, en su Capítulo V, artículo 138, el Código Penal de Querétaro contempla la pena de uno a tres años para la madre y para quien la haga abortar de forma consensuada.
Las sanciones varían en cuanto a tiempo según el estado, pero todos criminalizan a quien decide interrumpir su embarazo.
Actrices como Patricia Reyes Spíndola y Johanna Murillo alzan la voz contra esas medidas y coinciden en que las decisiones sobre el cuerpo de la mujer “son un derecho individual”.
Johanna Murillo expuso que “prohibir a una mujer decidir sobre su cuerpo tiene que ver con la violencia de género que se vive en este país. El aborto es una decisión individual y de la mujer, y no debería estar sujeta a que alguien más decida sobre tu cuerpo”.
A sus 65 años Patricia Reyes Spíndola afirma que desde muy joven decidió no tener hijos y está convencida de que quien debe tomar la decisión sobre su cuerpo es la misma mujer.
“No estoy a favor ni contra el aborto. Estoy a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo”, expresó la actriz originaria de Oaxaca, una de las entidades con el mayor número de abortos clandestinos, de acuerdo con datos de una clínica privada de interrupción de embarazo y ginecología.