Refrán

 

Aquel que reza con sabiduría que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, es el que le viene como anillo al dedo a por lo menos 10 ex funcionarios de la pasada adsministración estatal quienes, en un burdo afán por evadir su responsabilidad, han recurrido a la protección de la justicia federal ante los procedimientos que está realizando la Auditoría Superior del Estado (ASE) para obligarlos a resarcir el daño patrimonial que causaron al erario durante el último sexenio.

Y es que tal y como damos cuenta en la edición que tiene usted en sus manos, fue el propio titular de la máxima instancia fiscalizadora de la entidad, Manuel Palacios Herrera, quien al confirmar lo arrriba señalado indicó que, hasta donde ha tenido conocimiento, entre los susodichos se encuentra el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina; su similar de la de Infraestructura y Transporte (Sintra), Fernando Escamilla Carrillo, y el de Salud (Sesa), Juan Lorenzo Ortegón Pacheco.

En este sentido, y aunque declinó abundar en detalles, por razones obvias, el entrevistado manifestó su irrestricto respeto a los amparos que solicitaron los antes mencionados, bajo el entendido de que están haciendo uso del derecho constitucional que los asiste, sin embargo, sostuvo que los procedimientos que está realizando la ASE, mismos que han derivado en 27 denuncias penales contra 84 ex servidores públicos del ámbito estatal y municipal, por un monto de 11 mil 813 millones 531 mil 543 pesos con 15 centavos, no sólo se encuentran totalmente apegados a derecho, sino que están debidamente sustentados con pruebas claras y contundentes.

En otro orden de ideas, Palacios Herrera señaló que ya ha sostenido una serie de reuniones con los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, la cual preside Emiliano Ramos Hernández, para iniciar con la revisión de las cuentas públicas de la actual administración estatal y municipal, mediante una agenda que permita optimizar los trabajos correspondientes.

Con base en lo anterior, no queda más que esperar que la Auditoría Superior del Estado, como lo ha hecho hasta ahora, continúe abonando a la transparencia y la rendición de cuentas, como ejes fundamentales de los nuevos tiempos que hoy se viven en Quintana Roo.

¿No lo cree así, amable lector?