De Eduardo Martínez Arcila

Alvaro ORTIZ SALAMANCA

El Pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo que determinó que no era necesaria la separación del cargo que ostenta Eduardo Lorenzo

Martínez Arcila, como presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo, para que conserve su registro como candidato a diputado de representación proporcional, por la vía de la reelección.
Lo anterior, porque obligarlo a tal renuncia vulneraría su derecho político-electoral de ser votado, pues se establecería una obligación que no se encuentra sustentada en la normativa electoral, máxime que el derecho a presidir la Gran Comisión del Congreso es una cuestión accesoria a su cargo como diputado local.
Hay que recordar que el 26 de abril el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo resolvió en sesión pública el Recurso de Apelación identificado con la clave RAP/036/2019 interpuesto por el partido político Movimiento Ciudadano en contra del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.
MC impugnó el acuerdo en el que se resuelve la solicitud de registro de la lista de candidaturas a las diputaciones por el principio de representación proporcional, presentada por el Partido Acción Nacional pues a su juicio existió una falta de fundamentación toda vez que el responsable al momento de aprobar el registro al diputado Eduardo Martínez Arcila no se pronunció respecto del cargo que ostenta como presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, al cual debió renunciar, dado que tiene la facultad potestativa de ejercer el gasto y presupuesto del poder legislativo.
En este asunto, el pleno del Teqroo, por unanimidad de votos decidió confirmar el acuerdo del Consejo General del Ieqroo, dado que consideraron apegado a derecho la resolución de solicitud de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional del PAN, pues de exigir la renuncia al presidente de la Gran Comisión resultaría inconstitucional, toda vez que no existe una obligación legal para hacerlo, ni como diputado ni como presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo.