Reconoce combate frontal

Del Gobernador a la corrupción, Santiago Nieto

 

Fernando OLVERA DEL CASTILLO

El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, reconoció la decisión y la voluntad política del Gobernador Carlos Joaquín González en la lucha frontal contra la

corrupción y ofreció que a partir del próximo 1 de diciembre habrá una mayor coordinación para que todos aquellos que atenten contra el patrimonio de los quintanarroenses y de los mexicanos en general reciban el castigo que se merecen.
En atenta visita a las oficinas de Diario de Quintana Roo, el antes citado destacó que lo que se vivió en el pasado tanto en la entidad como en Veracruz y Chihuahua, hace imperante que las fiscalías no sólo tengan una mayor autonomía, sino una vinculación más estrecha con instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para así fortalecer el modelo anticorrupción vigente en el país y, en consecuencia, ofrecer resultados mucho más contundentes.
“Yo creo que en lo que debemos trabajar muy fuerte es en propiciar que exista una mayor vinculación entre la Federación y los Estados para poder generar un mejor modelo de combate a la corrupción bajo dos temas fundamentales: El primero, que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, también conocida como UIF, pase a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción y, el segundo, que haya una mayor coordinación entre las fiscalías locales y la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de mejorar el flujo de información y, con ello, dar paso a las investigaciones paralelas, a fin de que estas no se queden únicamente en el ámbito local. Yo creo que esto se puede dar a partir de convenios de colaboración sin la necesidad de reformar alguna Ley”, asentó.
En este sentido, el entrevistado subrayó la importancia de que la dependencia que estará a su cargo forme parte del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que pueda tener acceso a la base de datos de la Plataforma México o del Sistema Nacional de Seguridad para cotejarlos, por ejemplo, con los antecedentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en materia de evasión fiscal, lavado de dinero, peculado y demás relacionados con la corrupción.
“Yo pienso que en la medida en que los sistemas informáticos se comuniquen entre ellos, podremos generar análisis e investigaciones mejor sustentadas, esto sin contar con que también se podrá disponer de una mayor vigilancia de quienes realicen operaciones en el sistema financiero, de tipo inmobiliario o ejercicios no bancarizados”, abundó.
Luego de subrayar que una vez que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encuentre en funciones, la UIF habrá de cumplir puntualmente con el mandato que tiene en materia de prevención de ilícitos como el lavado de dinero, la evasión de impuestos y el financiamiento a actividades de terrorismo, Nieto Castillo hizo mención de las reformas que se están impulsando para que los delitos electorales y de corrupción sean considerados como graves, es decir, que ameriten prisión preventiva oficiosa y así los imputados, a diferencia de lo que hoy sucede, no enfrenten sus procesos en libertad.
“En este momento se están planteando reformas en las que se incluyen extinguir las propiedades a los políticos que participaron en estos actos de corrupción y agravar los tipos de operaciones simuladas que tanto problema están generando en el país, a razón de que lo único que están generando son entregas de facturas a cambio de contraprestaciones económicas desviando recursos a ‘empresas fachada’ que desaparecen a los pocos meses de ser creadas, que tienen domicilios fiscales en lugares abandonados o que sus accionistas resultan personas cuyo estilo de vida es totalmente incompatible con el nivel de recursos que manejan las mismas”, afirmó.
Finalmente, el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sostuvo que el planteamiento de López Obrador es que a partir del 1 de diciembre se va a lanzar una cruzada de cero tolerancia contra la corrupción que no sólo implique la reforma legislativa, sino que lleve a los responsables ante los tribunales y así se puedan recuperar los bienes que fueron objeto de la corrupción tanto a nivel federal como estatal y municipal.

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