Decisión.

La de llevar hasta sus últimas consecuencias las denuncias y los llamados Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), derivados de la auditoría complementaria ordenada por el pleno de la XV Legislatura del Congreso

del Estado a las cuentas públicas de la pasada administración, es la que refrendó ayer el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Manuel Palacios Herrera.
Y es que en reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Poder Legislativo, el antes citado presentó los avances de la revisión casuística y concreta de las cuentas públicas de diversos entes fiscalizables del Estado y los municipios  correspondientes al ejercicio 2015, la cual fue solicitada en 2017 con el fin de completar al 100 por ciento los informes que la pasada legislatura avaló sin tener la certeza mínima requerida y con avances de entre 50 y 75 por ciento en las verificaciones tanto físicas como financieras de las obras públicas.
En este sentido, el funcionario informó que la instancia a su cargo presentó un total de 15 denuncias por un monto de 8 mil 955 millones 615 mil 432 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2015, mismas que involucran a 64 ex servidores públicos de la pasada administración estatal y municipal, siendo que para el periodo 2015-2016 se interpusieron 14 por un monto de mil 925 millones 874 mil 530 pesos, en contra de otros 18.
Al respecto, y tras señalar que en lo que toca al periodo 2016 se presentaron 9 denuncias que involucran a 15 ex funcionarios por la cantidad de dos mil 781 millones 561 mil 75 pesos, así como 36 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), Palacios Herrera presentó el seguimiento del proceso de solventación del ejercicio fiscal 2016 que, de acuerdo con el corte al 31 de enero de 2019, incluye observaciones por 790 millones 940 mil 887 pesos.
Con base en lo anterior, y dado que en total son 97 servidores públicos involucrados en 38 denuncias por un monto de 13 mil 663 millones 51 mil 38 pesos con 32 centavos de 2015 y 2016, no queda más que esperar que la ASE continúe actuando con firmeza hasta lograr la completa reparación del daño patrimonial que se causó a los quintanarroenses.
¿No lo cree así, amable lector?

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