Clamor


El de los vecinos de las colonias y fraccionamientos que se encuentran en los alrededores de la estación de servicio de Gas Tomza en la capital del Estado, ubicada en el cruce de las avenidas Maxuxac y Constituyentes, es el que bien harían en escuchar las autoridades competentes, a fin de hacer valer la Ley y, más importante aún, conjurar una desgracia de grandes dimensiones.

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Alarmante.

Así resulta que, sin más afán que el de librar la acción de la justicia y mantenerse en la impunidad, ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la entidad hayan llegado al grado de amedrentar a la actual titular de la dependencia, Catalina Portillo Navarro, luego de que desmantelara la red de corrupción que les permitió despojar a varios empresarios lo mismo de millonarias sumas de dinero en efectivo que de cuentas bancarias, hoteles, residencias, departamentos y automóviles de lujo, entre otros bienes.

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Nota


Es la que bien harían en tomar tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Fiscalía General del Estado, ante la postura que mostraron ayer los representantes legales de la Marina Chac Chi de la Zona Hotelera de Cancún, en cuanto a la urgente necesidad de hacer valer la Ley contra los responsables de la venta ilegal de los terrenos de lo que fuera el Albergue Juvenil del CREA, entre éstos, por supuesto, la ex titular del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Ipae), Claudia Romanillos Villanueva.

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Compromiso.

El de seguir manteniendo a Quintana Roo como un Estado seguro y en paz, fue el que ayer refrendó una vez más el Gobernador Carlos Joaquín González, al entregar un total de 140 unidades entre patrullas, motocicletas, camionetas y torres de vigilancia móviles a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP).

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